Cantidad vs. calidad

Hace poco, un legislador del Frente Amplio destacaba, en una entrevista radial, la cantidad de leyes sancionadas en lo que va de este gobierno. Hacía énfasis en como esa cifra contrastaba con la de anteriores legislaturas y ponía en evidencia lo activa que ha sido la bancada oficialista. Sabido es que buena parte ha sido fruto de sus iniciativas y sus mayorías, pero a la satisfacción demostrada por esa febril actividad habría que haberle hecho notar al orondo legislador, que no es la cantidad sino calidad lo que es de apreciar.

Porque justamente, es motivo de seria preocupación la cantidad de leyes mal hechas y peor redactadas, que este Parlamento dominado por los frentistas, haciendo uso y abuso de su amplio número de bancas, ha producido. Ignorando objeciones y advertencias, sin reconocer sus falencias como hacedores de leyes, envalentonados con su cómoda supremacía numérica y embriagados con su nuevo poder, están dejando un legado que crea un nefasto caldo de cultivo para el aumento de los litigios y de la inseguridad jurídica. ¡Otra que herencia maldita!

Proyectos y leyes no solo censurables por su contenido, sino por su mala calidad en técnica, con léxico carente de la debida terminología jurídica y plagados de ambigüedades que al carecer de precisión, producen desconcierto y complicaciones. Entre ellas se pueden mencionar algunas como la de Ordenamiento Territorial, a la cual nos hemos referido anteriormente, de farragoso y confuso articulado, teñido de un marcado sesgo ideológico. O la de Concubinato o la Policial, urgiendo a los compañeros a votar, aunque anunciaban también que luego se votaría otra ley para derogar los artículos que encontraban resistencia, aun entre los suyos, como en el caso de los allanamientos en los hogares a cualquier hora. O con la de Ordenamiento, respecto de artículos que chocaban con la posibilidad de inversiones para el desarrollo de barrios de chacras o cerrados. Cuando se dieron cuenta los legisladores de Maldonado, pusieron el grito en el cielo. Con ese hacer y deshacer, demuestran una tremenda falta de respeto y responsabilidad parlamentaria. Y ahora la frutilla del postre es la ley de Identidad de Género, conocida comúnmente como la de "cambio de sexo", que ya cuenta con la media sanción del Senado, por los votos del Frente. La iniciativa permite que cualquiera pueda cambiar su nombre e identidad sexual, con solo expresar su deseo de transformarse de varón a mujer o viceversa, sin necesidad de haber pasado previamente por una cirugía que haya transfigurado su cuerpo, hasta entonces femenino a masculino. O sea que no es solo para los transexuales, sino también para los o las travestis. Así que el asunto de los baños y los vestuarios se va a complicar, a no ser que además de los de hombres y mujeres, los clubes, restaurantes y demás lugares públicos, ofrezcan una tercera variante.

El sexo, que deja de ser definido por lo morfológico, lo biológico o lo genético, según la nueva ley será cuestión de elegirlo y si no fuera por la oposición, que finalmente encontró algún eco, los menores de 12 ni siquiera habrían tenido que presentarse acompañados de sus padres; después de esa edad ya pueden hacerlo solos. Del momento en que la persona cambia de identidad, se destruye su antigua filiación y según el inciso 4 del artículo 5°, "el cambio de sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición", se abre la alternativa del matrimonio homosexual.

Opción firmemente rechazada por legisladores no oficialistas, como el senador nacionalista Moreira, que "anticipa un millón de consecuencias imprevisibles, en los divorcios, adopciones, tenencia de hijos" aun cuando la senadora frentista Susana Dalmás, diga que "ellos no son del sexo con el que morfológicamente nacieron, por lo que no se puede hablar de casamiento homosexual". Por su lado, expertos en derecho, como la ex presidenta del colegio de Abogados, Edith Wieder, han dicho sin cortapisas, que la ley es "técnicamente horrible", señalando entre otras cosas, que "no se aclara qué sucede si una persona legalmente cambia de sexo y nombre y tiene antecedentes penales, contrajo deudas o está embargada" junto a varias otras críticas expresadas por otros juristas. Por lo que acertada pero sin éxito fue la moción del senador Da Rosa, de pasar el proyecto a estudio de la comisión de Constitución. Veremos si en Diputados, tienen esa sensatez.