España propone endurecer ley de extranjería a causa de la crisis

El gobierno presentó el viernes un proyecto para endurecer la ley de extranjería debido a la crisis económica, que contempla ampliar el periodo de retención de inmigrantes irregulares y restringir los criterios de reagrupación familiar.

En la reunión semanal del gabinete, el ejecutivo dio a conocer las líneas maestras de la reforma, que también extiende derechos laborales y educativos, y que deberá ser negociada y aprobada por las cámaras legislativas.

Con la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, el 11,3% (17,4% entre los inmigrantes), el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, explicó en rueda de prensa que la situación de los extranjeros en España debe, por un lado, adecuarse a ``la cambiante situación económica´´ y, por otro, ordenarse en ``función del mercado laboral´´.

La nueva ley amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados que llegan al país. Durante este tiempo, se tramita la expulsión de estas personas a sus países de origen. Si no se cumplen los reguisitos legales necesarios, los inmigrantes deben ser liberados.

Además, la propuesta del gobierno limita la reagrupación familiar para los ascendientes. De aprobarse la reforma, sólo podrán traer a sus padres los inmigrantes que acrediten cinco años de residencia legal, y sólo si aquéllos son mayores de 65 años.

Este punto es uno de los que más ha escocido entre los colectivos de inmigrantes, que ven esta medida como un ataque contra la estabilidad familiar y emocional de los extranjeros.

"Nos parece absurdo que se ponga una limitación a los padres de los inmigrantes, y más a los 65 años", explicó a AP Raúl Jiménez, portavoz de la asociación de ecuatorianos en España Rumiñahui. "Parece que España extiende la mano, pero para aplicar mano dura".

La reforma que empieza a debatirse ahora también amplía garantías laborales y educativas. Por ejemplo, los hijos mayores de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo automáticamente, un beneficio que no existía previamente.

Además, se avala el derecho de los extranjeros a la educación primaria y secundaria y se endurecen las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares. Las multas podrían alcanzar los 100.000 euros (139.000 dólares).

"Estamos satisfechos con las modificaciones que recogen la lucha contra las mafias que explotan a inmigrantes que trabajan sin contrato", manifestó Jiménez. "Lo bueno de este proyecto es que todavía queda una larga tramitación y esperamos que nuestras sugerencias sean atendidas", añadió.

Los casi 5 millones de inmigrantes residentes en España, casi el 11% de la población, viven momentos complicados, debido a la desaceleración económica en toda Europa y, en particular, al estancamiento de sectores como el de la construcción o los servicios, que en los últimos años generaron un enorme volumen de empleo.

Hace sólo tres años, en 2005, el gobierno regularizó a casi 600.000 indocumentados. La mayoría de ellos, trabajadores de las entonces boyantes empresas inmobiliarias.

Actualmente, el llamado plan de retorno voluntario intenta reducir el desempleo en el colectivo inmigrante a marchas forzadas.

El programa comenzó a funcionar en noviembre y, de momento, sólo 770 personas lo han solicitado. El plan pretende incentivar el regreso de extranjeros desempleados adelantando el pago del subsidio por desempleo.

El retorno exige el compromiso de no regresar a España en tres años.

AP