Algo huele mal

A menudo surge en distintos sectores de la opinión pública, de los partidos políticos y aun de las cámaras legislativas, una sentida preocupación por la situación carcelaria y, en particular, por el alto grado de hacinamiento en que viven los reclusos. Obviamente, es loable esa preocupación. Pero, examinado el problema con un enfoque más realista y menos emocional se puede llegar a conclusiones diametralmente contrarias a esa tesitura.

En primer lugar, en pleno uso de sus facultades, cuando eran hombres libres, esos presos han atentado contra los derechos de otras personas -les han provocado un daño grave- y contra la estabilidad de la sociedad, y ésta los ha condenado.

En otros tiempos, esa condena alcanzaba extremos que, hoy, nuestra civilización no sólo no comparte sino que rechaza visceralmente, al menos en la mayoría de los países. Los ejemplos son muchos: en algunos casos, al ladrón se le cortaban las manos y al asesino la cabeza o se le obligaba a beber un veneno letal. En otros casos, predominaba la ley del talión -ojo por ojo y diente por diente- y el victimario corría exactamente la misma suerte que había sufrido su víctima. No faltaban, tampoco, ni la pugna del azote en público, del apedreamiento e, incluso, del ostracismo (se lo expulsaba del territorio natal a causa, sobre todo, de motivos políticos).

Pero los tiempos cambian, las leyes y las costumbres se atemperan y aparecen los establecimientos carcelarios cuya misión fundamental es mantener alejado al recluso durante el tiempo que determine la justicia y además presuntamente, reeducarlo para transformarlo en un elemento socialmente aceptable, una vez que haya pagado su deuda con la sociedad a la que agredió.

A partir de ese enfoque, un importante sector de los presos llegan a creerse poco menos que copropietarios del establecimiento que los retiene y, por ello, -al igual que una surrealista extensión del derecho obrero a la huelga intenta justificar la ocupación de los lugares de trabajo- los presos consideran que, siendo ellos los ocupantes naturales de las cárceles, entonces, pueden quemar colchones y puertas, destruir baños y mobiliario y cuanto se les ocurra hacer en un rapto de vesania incontrolable.

Producido el descalabro, la sociedad entera se apresura a pagar la reposición de cuanto se ha destruido, porque no puede admitir éticamente que los presos duerman sobre el suelo, carezcan de medios de abrigo y sufran las inclemencias del tiempo que se cuela a través de vidrios rotos y de muros deshechos por ellos mismos.

Sin embargo, creemos que ha llegado el momento de establecer prioridades, dado que los recursos del Estado son limitados. ¿Es correcto invertir millones de dólares en reconstruir cárceles devastadas por los reclusos deliberadamente o en levantar otras para solucionar el problema del hacinamiento en las ya existentes cuando es notorio que hay escuelas que se llueven y aulas superpobladas?

También llegó el momento de decir claramente que el gobierno no debe prestar tanta atención al hacinamiento carcelario -que, en verdad, no ha resuelto- sino dedicar sus energías a superar el drama de la inseguridad que vive cotidianamente el hombre común, el que trabaja y paga impuestos, el ciudadano cuyos derechos deben ser respetados y amparados con absoluta prioridad, cosa que no se practica.

A ese ciudadano no se le debe hacer el irresponsable regalo de liberar a centenares de presos para que convivan con él, para que incrementen el índice de criminalidad.

Tampoco se puede afrentar a la sociedad uruguaya, hacerle sentir vergüenza y humillación, cuando se toma conocimiento de que la población -muchos de cuyos integrantes se ven obligados a vivir en asentamientos-, perciben salarios tan injustos como sublevantes. Pero eligen el sacrificado camino del trabajo para intentar superarse. Esta iniquidad no puede seguir un minuto más.

¿Qué han de pensar un policía que arriesga su vida en cumplimiento de su deber, o quien trabaja denodadamente en cualquier actividad lícita cuando se entera que quien sirve café a los senadores gana $ 33.000 mensuales?

Como sabiamente decía Hamlet, "algo huele mal en Dinamarca".