Senado aprueba expropiación de Aerolíneas Argentinas

El Senado convirtió en ley el miércoles el proyecto del gobierno que dispone la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al Grupo Marsans de España y después de 18 años vuelven a manos del Estado.

Con 42 votos a favor y 20 en contra, los senadores sancionaron la iniciativa impulsada por el gobierno de Cristina Fernández que declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas".

Marsans --propietario del 94,6% de Aerolíneas y del 97% de Austral-- controlaba las compañías desde 2001, año en el que las adquirió de la también española Iberia. Las aerolíneas habían sido privatizadas a principios de la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem.

Tras la sanción de la ley, Marsans no quiso hacer comentarios ante la consulta de AP.

El grupo español había adelantado tiempo atrás que en caso de avanzar la expropiación demandará al Estado argentino ante cortes internacionales. Además, acusó al gobierno de violar un acuerdo firmado en julio sobre las condiciones de venta de las compañías.

En aquel acuerdo, Marsans se comprometía a venderle sus acciones siguiendo un mecanismo de valuación que establecía que cada parte aportaría una tasación y que, en caso de disparidad sobre el precio de venta, se recurriría a un tercer valuador.

Pero en septiembre, el Congreso aprobó una ley de rescate de las compañías que lo facultaba para determinar el precio de venta, desconociendo el acuerdo.

Según la valuación encargada por el gobierno, Aerolíneas y Austral tienen un valor negativo de 832,8 millones de dólares y por lo tanto juzgaba que no debía abonar un dólar. Pero el grupo español defiende la cotización que le encargó al banco Credit Suisse, según la cual Aerolíneas tiene un valor de mercado de hasta 60 millones de dólares y Austral de hasta 380 millones de dólares.

El gobierno se negó a recurrir a un tercer tasador, tal como lo estipulaba el acuerdo de julio, y en cambio instruyó a los legisladores oficialistas, mayoría en ambas cámaras, de avanzar en la expropiación.

El texto aprobado en el Senado establece que "para garantizar la prestación de los servicios, su ampliación y mejoramiento, el Poder Ejecutivo instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras de las empresas y realizar operaciones de crédito, incluido el otorgamiento de avales, para la adquisición de bienes destinados a la explotación aerocomercial".

En ese sentido, impone un plazo de 180 días para la presentación de un "Plan General de Negocios, estratégico y operativo de mediano y largo plazo", contemplando "las necesidades de aquellas regiones del país que dependan de manera fundamental del transporte aéreo".

El gobierno defendió la reestatización de las líneas aéreas con el argumento de que su quiebra pondría en riesgo la comunicación interna, ya que manejan el 80% del mercado de cabotaje y algunas rutas son operadas sólo por esas compañías, que también distribuyen el correo. Acusó, además, al grupo español de una administración ineficaz de las compañías.

Marsans, por su parte, responsabilizó de su precaria situación financiera al gobierno, por no permitirle aumentos tarifarios, y a los recurrentes conflictos protagonizados por los siete gremios que conviven en el transporte aéreo.

La norma aprobada instruye al Poder Ejecutivo a "presentarse a todas las causas penales existentes en las que se investiguen los eventuales delitos que los actuales accionistas mayoritarios hubiesen cometido en perjuicio del patrimonio de la sociedad".

Por otra parte, cede acciones representativas del capital social a los trabajadores de las compañías "hasta un máximo del 10% de sus paquetes accionarios".

AP