Liceo 62: directora iniciará juicio civil

Beatriz Simoff, la ex directora del liceo 62 que fue separada de su cargo el mes pasado luego de una ocupación del centro de estudios que fue llevada adelante por un grupo de profesores, presentó ayer una denuncia penal por "difamación e injurias" contra Mónica Magnabosco y Luis Martínez, dirigentes de la Asociación de Docentes de Secundaria (Ades) y otros profesores que ocuparon el liceo.

El grupo de profesores acusó a Simoff de ser "fascista" y violar los derechos humanos de docentes y alumnos. La directora, derivada a realizar tareas administrativas en el Codicen, rechaza esas imputaciones y, con el apoyo del diputado nacionalista Pablo Abdala, presentó ayer una acción judicial ante el juez Roberto Timbal porque considera que las acusaciones representan un "agravio" a su honor y su personalidad, según lo señala en la denuncia.

Junto con Simoff, fue removida de su cargo la subdirectora del liceo 62, Daniela Martínez, a quien los docentes que ocuparon el centro educativo también acusaron de promover actitudes indebidas. La abogada Andrea Rodríguez, representante de Simoff, dijo a El País que el magistrado recibirá hoy formalmente la denuncia, y determinará los pasos a seguir. La fiscal del caso será Mirtha Guianze.

Además, la abogada indicó que en un paso posterior, una vez que se resuelva la denuncia penal presentada ayer, Simoff iniciará una acción civil por los "daños y perjuicios" causados a su clienta tanto en su carrera funcional como en la reducción de sus ingresos económicos, ya que por realizar las tareas que cumple actualmente percibe un salario inferior al de directora.

De todos modos, todavía no está definido a quiénes abarcará la demanda, ya que existe la posibilidad de que sea impulsada contra los docentes que ocuparon el liceo 62 y también contra las autoridades del Codicen, aclaró la abogada.

Por otra parte, Rodríguez señaló que en los próximos días se presentará una petición ante el Codicen para que la directora sea restituida a su cargo hasta tanto no culmine la investigación administrativa iniciada a la funcionaria.