Ahora los Escribanos

En ese camino de desconocimiento de los profesionales universitarios, el gobierno ha ido lentamente ampliando su radio de acción, y así como antes ignoró a los médicos al establecer el llamado Sistema Nacional Integrado de Salud y después a los Contadores al promover un proyecto de ley creando un nuevo Servicio Descentralizado que se llamará "Instituto de Normas Contables Adecuadas", ahora pretende convertir a los Escribanos en funcionarios policiales, encargándoles el contralor del lavado de dinero, a los que agrega medio país.

Hay que reconocer que ese relacionamiento ha pasado del odio al amor, si se lo hace partir de unas declaraciones del Senador Mujica, quien a fines del año pasado, entonces como Ministro de Ganadería, al volver de un viaje a Nueva Zelanda, manifestó que era un país muy ágil porque no había Escribanos, subrayando que era necesario revisar la legislación nacional para estudiar su función.

Ello no había impedido que antes, se intentara convertirlos en responsables solidarios en el pago de los impuestos de sus clientes, lo que provocó una oportuna intervención del diputado Gandini y una fundada declaración de la Asociación de Escribanos, llamando la atención sobre esa extensión de su responsabilidad por desconocer totalmente "el alcance y el contenido de la función notarial", estableciendo responsabilidades por controles que son absolutamente imposibles de efectuar.

Ya en aquel momento se había hablado de la posibilidad de agregarles la denuncia de operaciones sospechosas de lavado de activos, sobre lo que acaba de insistirse ahora en un proyecto de ley que tiene a estudio el Senado, pudiendo aplicársele la misma frase. Es cierto que el lavado de activos es una tarea que el gobierno debe prevenir, pero eso no lleva a inventar un mecanismo de contralor exhorbitante, absurdo y disparatado, que en el caso concreto, desconoce totalmente la naturaleza de la función. Además, este proyecto se cruza con una Circular del Banco Central, del 19 de noviembre, más prudente, por la cual crea un Registro de Profesionales independientes habilitados para emitir informes en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en el cual se podrán inscribir todos aquellos que reúnan determinadas condiciones y manifiesten su interés y su voluntad en hacerlo, pero no imponiéndolo unilateralmente a un sector específico de profesionales. Este aparece así como otro tema en el cual la coherencia administrativa no se respeta y cada uno se lanza al ruedo con un proyecto que no siempre contempla lo que puede estar circulando.

En el fondo, lo que se mantiene es un desconocimiento absoluto de la importante tarea que están llamados a cumplir -y con la cual tienen bastante-, en el sentido de dar fe pública a los negocios que instrumentan, dentro de un marco de confianza entre Escribano y cliente, que no lleva implícita la complicidad, pero que tampoco impone tareas de investigación.

La iniciativa comienza por establecer que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central están obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o planteen una complejidad inusitada o, involucrando activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, agregando una mención concreta de los Escribanos cuando instrumenten determinadas operaciones; a las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad; de transporte de valores; los fiduciarios profesionales; las personas físicas o jurídicas que ofrezcan asesoramiento en materia de inversiones; los Casinos; las inmobiliarias; quienes vendan antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas; los rematadores y los explotadores de zonas francas, determinando que el incumplimiento de esa obligación se sancionará con multas que van desde mil a veinte millones de Unidades Indexadas.

En esa bolsa donde hay de todo, cada sector de actividad sabrá si puede o no asumirlas pero parece evidente que, en el caso de los Escribanos, excede sus posibilidades y violenta la naturaleza misma de la función, ubicándolos, para su cumplimiento, en esa delicada línea de violación del secreto profesional.

Es de esperar que el sentido común termine imponiéndose.