Los contratistas de fútbol buscan un acuerdo con DGI

PABLO MELENDREZ

Luego de la decisión de la DGI de pedir el embargo a Francisco Casal, la visión de los contratistas de fútbol cambió. Ahora los que mantienen deudas con el organismo recaudador quieren regularizar su situación para no correr la misma suerte.

Ese el caso, por ejemplo, de Juan Figer, quien ya alcanzó un principio de acuerdo con el organismo recaudador para iniciar un calendario de pagos de sus deudas, según dijeron a El País fuentes de la DGI. En igual sentido, comenzaron a realizar consultas sus colegas Pablo Bentancur y Daniel Fonseca.

En los tres casos, hay un reconocimiento de la deuda de parte de los empresarios, lo que derivó a que la dependencia estatal comenzara el trámite administrativo para determinar la deuda de cada uno. De todos modos, los adeudos de Figer, Bentancur y Fonseca son sensiblemente inferiores a los de "Paco" Casal, que fueron calculados, con multas y recargos, en US$ 104 millones.

"Sin duda lo ocurrido con Casal fue algo ejemplarizante para los demás empresarios que se preocuparon y comenzaron a intentar solucionar su situación", expresaron las fuentes consultadas.

APELACIÓN. A pedido del órgano recaudador, la jueza Civil embargó a Casal el pasado mes de abril por US$ 20 millones. La medida también involucró a otros empresarios de su grupo empresarial así como al contador Julio Szafrán y al corredor de bolsa Ignacio Rospide, quien maneja varios de los negocios del contratista que afirma que no debe pagar el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales, porque sus negocios los hace en el exterior.

En octubre, luego de un recurso presentado por los abogados de Casal, la jueza Opertti decidió mantener el embargo en todos sus términos porque el empresario no logró explicar el funcionamiento de sus transacciones a través de varias sociedades anónimas radicadas en Panamá.

Además, la magistrada sostuvo que la DGI "está autorizada a suponer que la intención es obtener mayor beneficio fiscal, en violación del principio de igualdad de los contribuyentes ante la ley". Actualmente, el caso está siendo estudiado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno.

Amplían medida

El mes pasado, la Dirección General Impositiva solicitó una ampliación del embargo contra el contratista, y pidió elevar la medida cautelar a la suma de US$ 104 millones. A la vez, en la Justicia Penal se está tramitando una denuncia por "defraudación tributaria" contra el grupo Casal.