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Ha hecho muy bien el Presidente del Senado en denunciar a la Jefatura de Policía los deplorables hechos protagonizados en la barra de la Cámara Alta por un conjunto de extremistas energúmenos, con motivo de la sanción de la nueva ley de educación.
Rápidamente, por ello, tomó cartas en el asunto la justicia penal, que posiblemente procese a algunos de los agresores de los policías que debían proceder a su desalojo -ordenado correctamente por el señor Nin Novoa-, pues parece claro que el escándalo configuró un típico desacato (art. 173 del Código Penal).
Mientras la Ministra del Interior, como no puede ser de otra manera, respaldó lo actuado por los funcionarios policiales en cumplimiento de su deber, el Pit-Cnt y los gremios docentes hicieron lo contrario. Es decir, se solidarizaron con quienes insultaron a los senadores oficialistas que votaron la ley y, luego, desacataron a la autoridad policial.
No es, esta última reacción, para nada sorprendente. Ni motivo para decir "créase o no". La dirigencia sindical, a casi todos los niveles y desde antigua data, siempre ha sido presta en justificar este tipo de desbordes, sobre todo si consisten en actos de presión contra las autoridades de cualquiera de los poderes del gobierno -con independencia de cual sea el partido que lo ejerza-, o en el menoscabo de la autoridad de sus funcionarios. En especial, si se trata de policías.
En menos palabras, si bien no proclaman su condición política anarquista, en los hechos acostumbran ser partidarios de la anarquía. Actitud que siempre fomentó -o por lo menos justificó- el Frente Amplio, que desde 1985 extrajo de la dirigencia sindical a no pocos de sus legisladores. Y a un par de sus actuales ministros.
Por ello, aunque está a sideral distancia de nuestras ideas, no dejó de decir la verdad, el abogado defensor de los iracundos, Gustavo Salle, al expresar: "Los senadores y diputados del Frente, que ahora son pacifistas, hace no mucho instaban a los jóvenes a ocupar liceos y también incitaron los hechos del Filtro". Es la rigurosa verdad.
Por cuya causa, cabe recordarles a estos gobernantes y legisladores que siempre fomentaron el desorden y la prepotencia sindical, aquello de "tú lo quisiste, tú te lo ten, Fraile Mostén". El Pit-Cnt y muchas de sus sucursales los están cocinando en su propia salsa. Merecido se lo tienen. Quienes no lo merecen son la Constitución, que no consagra la existencia de este cuarto poder anárquico, y la mayoría de los compatriotas, que tampoco comulgan en sus altares.
Recientemente, en una de sus notas dominicales, el doctor Sanguinetti expresó con razón, ante el deplorable fenómeno de las "barras bravas" en el deporte y su violencia, que nuestra sociedad está fracturada en dos segmentos por completo distintos. Que, por convivir en el mismo territorio, forman parte de una sola población pero no de una misma sociedad.
Por un lado, estamos quienes respetamos y practicamos los códigos y los valores que aprendimos en nuestras familias y en las excelentes escuelas y liceos -públicos y privados- de décadas atrás. Y que, en muchos casos, hemos logrado trasmitir a nuestros hijos. Y éstos, a su vez, a los suyos. Y por otro lado, están, físicamente próximos, pero mental y espiritualmente lejanísimos, quienes creen en códigos y valores diametralmente opuestos. Y los practican. Entre los que se cuentan el de la violencia, la iracundia, el desprecio por las normas -cualesquiera sean- y el odio a todas las formas de autoridad. Especialmente, la gubernamental, cuyo rostro visible es la policía.
"Mutatis mutandis", ante este último episodio, el de la soez agresión verbal a los senadores votantes de la pésima ley de educación, seguida del desacato violento a los funcionarios policiales, con el agregado del respaldo del Pit-Cnt y las gremiales docentes a los agresores, cabe afirmar que existe otra fractura en nuestra sociedad. También muy grave, pero distinta. De un lado está la mayoría que integramos todos los uruguayos sensatos, que cree en el Estado de Derecho y que, por tanto, respeta la Constitución, las leyes y la autoridad legítima de los gobiernos. Y, por otro lado, están las minorías radicalizadas y violentas, acompañadas y consentidas por los dirigentes y militantes sindicales, que detestan el Estado de Derecho y la autoridad gubernamental. A la vista está.
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