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Defensa. No apela fallo del juez; considera que es legal
Fueron procesados sin prisión, por atentado agravado, los cuatro jóvenes involucrados en los incidentes en el Senado, durante la votación de la ley de Educación. Cumplirán tareas comunitarias y no podrán acercarse al Palacio Legislativo por 90 días.
El juez Penal de 17º Turno, Carlos García, procesó ayer sin prisión por atentado especialmente agravado a la mujer y los tres hombres involucrados en los disturbios ocurridos el pasado miércoles en las barras de la Cámara de Senadores en el momento en que se votaba el proyecto de ley de Educación.
García dijo a El País que los cuatro procesados, que son estudiantes del Instituto de Profesores Artigas y de la UTU e integran las Asambleas Técnico Docentes, tendrán prohibido acercarse al Palacio Legislativo por 90 días y estarán obligados a prestar servicio comunitario por seis meses en el Patronato de Encarcelados y Liberados.
El juez explicó que su decisión se basó en que los militantes "estorbaron mediante violencia el accionar de la fuerza pública".
El abogado defensor, Gustavo Salle, dijo a El País que no apelará la decisión y afirmó que es "resaltable" que el juez y la fiscal hayan decretado un procesamiento sin prisión. De todas formas indicó que luchará por la absolución de sus defendidos pues entiende que no hubo delito.
"Los procesaron sin prisión, lo cual no es poca cosa. De todas formas discrepo con el temperamento de la fiscal y del juez porque entiendo que no hubo delito y que la confrontación física que se generó fue responsabilidad mutua, del personal de seguridad del Palacio Legislativo y de los militantes, y no correspondía en consecuencia que hubiese procesamiento", sostuvo Salle.
Para el abogado, en el expediente queda probado que la policía sólo intentó desalojar en forma intempestiva a este grupo de militantes mientras en el resto de las barras los demás maestros y profesores continuaron protestando sin que la guardia interfiriera.
A pesar de esto Salle no apelará el fallo pues entiende que no es ilegal. "No podemos ser tontos, la confrontación física se dio. La apelación procede contra procesamientos manifiestamente ilegales, y aquí evidentemente no hay ninguna situación de manifiesta ilegalidad. No se va apelar la resolución pero si se va a luchar por la absolución", indicó.
La defensa va a diligenciar varias pruebas -entre ellas citará a declarar a los senadores Eduardo Lorier, Carlos Moreira y Jorge Larrañaga- con el fin de probar que hubo una "violencia de carácter moral" por parte de los legisladores oficialistas, tanto por la forma en la que trataron el proyecto como por la "estafa intelectual" a la que fueron inducidos los sectores de la educación que fijaron pautas educativas que no se respetaron, según explicó Salle.
Unas 200 personas de los gremios de la educación y de la organización Plenaria Memoria y Justicia se concentraron ayer frente a la sede judicial y luego esperaron frente a la Jefatura de Policía y a la sede de la Policía Técnica la liberación de los procesados. Los manifestantes estaban molestos con el fallo, pese a lo cual no se registraron incidentes, y mañana evaluarán las medidas a tomar. Fucvam también criticó el fallo.
El abogado defensor, Gustavo Salle, recomendó a los militantes que no presentaran ninguna denuncia contra los policías que actuaron en los incidentes del Senado.
"Tengo el caso de la seccional 12 donde a un ciudadano esposado la policía le dio palo hasta matarlo. Me consta que en este caso los muchachos no tenían grandes lesiones y también que los funcionarios policiales están en condiciones de destrozarlos a palos si quieren", indicó.
Explicó que a su juicio la actuación de los policías debió ser más profesionalizada pero reconoció que no involucró una "golpiza tremenda".
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