Policías ayudaron a delincuente a ocultar crimen: descubiertos

Dos policías y un traficante de pasta base involucrados en una trama muy compleja. La jueza de Ciudad de la Costa los procesó, pero las derivaciones esperadas son mayores. Hubo 17 policías investigados en el caso.

Un subcomisario y un sargento de la Jefatura de Policía de Montevideo fueron enviados a prisión por cohecho calificado. Por el mismo delito, en concurrencia con uno de suministro de estupefacientes, fue también procesado un delincuente apodado "El Pelusa", que ya estaba encarcelado por un homicidio consumado hace un mes.

Pero el fallo conocido ayer en el Juzgado de Ciudad de la Costa es apenas el extremo más visible de una trama compleja. La jueza Mariana Mota indagó a un total de 17 personas, casi la totalidad de ellos policías pertenecientes a una comisaría montevideana y a la División Homicidios de la Jefatura.

La investigación se inició en una comunicación telefónica interceptada por agentes de la Brigada Nacional Antidrogas hace poco más de cinco meses. Pero el caso, en realidad, se remonta al año pasado con un hombre muerto por su concubina en lo que se creyó era otro caso de violencia doméstica. En realidad se trató de un homicidio encubierto con la participación de los policías y el delincuente ahora procesados.

el crimen. Ocurrió en agosto del año pasado en una modesta vivienda de Piedras Blancas, donde luego se supo funcionaba una boca de venta de pasta base. La mujer que vivía allí con su concubino y tres hijos ultimó a su pareja de un disparo en la cabeza.

Consumado el crimen se puso en contacto con "El Pelusa", su ex cuñado, para pedirle ayuda. Y así comenzó todo.

El caso fue indagado por el juez Julio Olivera Negrín, que luego de indagar a más de una decena de personas -vecinos de la pareja, los hijos, familiares y allegados- obtuvo la certeza de que la mujer era en realidad una víctima. Todos los testimonios coincidían en que el fallecido era un hombre violento, que solía tomar a golpes a la mujer. En los anales judiciales había ya varios casos similares, donde mujeres acorraladas por la violencia de sus parejas habían finalmente reaccionado y dado muerte a estas. Los testimonios y los indicios presentados por los efectivos de la Seccional 18ª y de la División Homicidios que intervinieron en el caso terminaron por hacer concluir al juez que se hallaba ante un caso de legítima defensa.

La realidad, empero, era otra. Fuentes de la investigación señalaron ayer a El País que el caso fue "armado" por un sargento que entonces revistaba en Homicidios y que tenía contactos con "El Pelusa". También el subcomisario de la 18ª estaba al tanto de la situación.

El sargento instruyó a los testigos sobre la forma en que debían declarar ante el juez para librar a la mujer de una acusación de homicidio. Preparó los elementos recogidos en la escena del crimen de tal manera que terminaran por componer esa idea.

Nada de esto se hubiera sabido si una conversación telefónica entre "El Pelusa" y otro traficante que era vigilado por la Brigada Nacional Antidrogas no hubiese sido interceptada.

El contacto telefónico era una vulgar transacción de drogas, pero puso en alerta a los investigadores. Esto ocurría entre marzo y abril pasado, cuando la Policía Antidrogas preparaba algunos de los operativos más resonantes del 2008.

Dado que la vigilancia electrónica correspondía a un caso que dirigía la jueza Mariana Mota, los investigadores le comunicaron la novedad y obtuvieron autorización para seguir los pasos de "El Pelusa".

Ello les permitió a los agentes de la BNA establecer la conexión entre el delincuente y varios policías de Montevideo. En el curso de esta vigilancia advirtieron que en varias ocasiones los policías le advertían al delincuente -se dedicaba entonces a la venta de pasta base- sobre operativos que llevaban a cabo otras unidades policiales. Por esa vía consiguieron descubrir también que había un caso de homicidio oculto. La investigación secreta logró establecer que los dos policías ayer procesados habían tenido actuación directa en la manipulación de pruebas.

Este aspecto del caso, sobre el que falló la jueza Mota, será derivado ahora al juez Julio Olivera Negrín, del 21° Turno en lo Penal de Montevideo, quien deberá reabrir la indagatoria a la luz de este inesperado giro.

Fuentes de la investigación señalaron que los abundantes elementos reunidos en esta etapa de la investigación hacen posible que en pocos días la Justicia se expida sobre la responsabilidad de otros policías.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que ya se estaba iniciando una investigación interna del caso.

La cifra

17 es la cantidad de indagados en relación con este caso, casi en su totalidad son policías que revistan en la Jefatura capitalina.

Policías y funcionarios del MGAP detenidos

RIVERA | FREDDY FERNÁNDEZ

Una maniobra de contrabando, perpetrada por personas residentes en Tacuarembó, que fue desarticulada en las últimas horas, involucra, por ahora, a cuatro funcionarios públicos. El operativo comenzó hace 20 días, y el certero golpe fue asestado el lunes de noche, en inmediaciones de la "Barrera Sanitaria" de Ruta 27, lugar en el que cumplen tareas funcionarios del M.G.A.P. y el Ministerio del Interior. El objetivo de este control, es evitar que ingresen a territorio nacional artículos de contrabando, especialmente vegetales y de origen animal. Sin embargo, por allí pasaban varias camionetas, hasta tres veces por semana. Las pruebas documentales aportadas por la Policía al magistrado incluyen filmaciones en las que aparecen los contrabandistas "dándole la mano" a uno de los funcionarios del Ministerio de Ganadería. La paciente investigación del juez Rodolfo Souto e Investigaciones dejó como saldo primario la detención de dos funcionarios del Ministerio de Ganadería; dos policías y 10 contrabandistas.

Al otro día, se "entregaron" acompañados de abogados dos hombres que habían abandonado los vehículos y fugado. En el procedimiento fueron requisados nueve vehículos y más de 3.000 kilos de mercaderías.

Entre esos productos se destacan lácteos, embutidos, papas y cervezas. Entre familiares de los detenidos existe el temor de que la fiscal Silvia Porteiro, además de contrabando y cohecho, tipifique el delito de asociación para delinquir. Esto en virtud de que las camionetas viajaban en convoy y tenían equipos de comunicación.

Qué es el cohecho calificado

La figura de "cohecho calificado" está prevista en el Artículo 158 del Código Penal, que establece: "El funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo, o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años". La pena prevista aumenta de un tercio a la mitad si, además, el hecho tuviere el efecto de "el favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal". Es este caso.