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Juan Oribe Stemmer
La enseñanza tiene una importancia fundamental para la justicia social, la convivencia democrática y el desarrollo económico.
Un buen sistema -utilizando este término para resaltar el hecho de que la enseñanza es una actividad compleja que involucra muchos y varios elementos, públicos y privados- contribuye a la igualdad de oportunidades, al brindarle a todos los niños y jóvenes, independientemente de su origen y condición social, iguales oportunidades para desarrollar sus capacidades y talentos; aporta a la consolidación de la democracia, al producir ciudadanos informados y capaces de pensar por sí mismos en forma crítica y responsable; e impulsa el desarrollo económico, al formar y capacitar a los artesanos, técnicos y universitarios que el país necesita.
El Uruguay analiza la posibilidad de instalar una central nuclear para la producción de electricidad. Uno de los obstáculos para la adopción de esa tecnología es que carecemos de ingenieros y personal técnico para operar una planta de ese tipo. Sin duda, este es un ejemplo extremo, pero subraya el hecho de que la adopción de nuevas tecnologías exige personal nacional capacitado para comprenderlas, ajustarlas a la realidad de nuestro país y aplicarlas eficazmente.
Los problemas no se encuentran solamente en esos casos excepcionales. Los resultados de las pruebas más recientes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (más conocidas por su sigla en inglés: PISA 2006) nos advierten que nos estamos quedando atrás en niveles más básicos de la enseñanza. Las pruebas midieron el conocimiento y habilidades de jóvenes de 15 años de edad en 57 países.
El Uruguay obtuvo, en las pruebas de ciencias, 428 puntos (posición 43 en la tabla); en las pruebas lectura, 413 puntos (posición 42); y en las de matemáticas 427 puntos (posición 42). Estamos muy por debajo del promedio de los países de la OECD. No sorprende, entonces, que el Banco Interamericano de Desarrollo haya comprobado que casi el 60% de los jóvenes uruguayos no cuenta con el nivel educativo adecuado para conseguir empleo bien remunerado.
Pero, quizás lo más grave, es que la sociedad uruguaya no cumpla siquiera con su obligación básica de asegurar un nivel mínimo de igualdad de oportunidades para una proporción importante de sus niños.
El informe del Banco Mundial "Midiendo la desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe", publicado a principios de octubre, presenta los resultados alcanzados por un estudio sobre la desigualdad de oportunidades para los niños en 19 países de América Latina y el Caribe.
Con ese propósito los investigadores examinaron cinco aspectos fundamentales para el desarrollo del niño: proporción de los niños que completa su sexto grado a tiempo (el Uruguay se encuentra en el quinto lugar en la comparación), asistencia a la escuela del grupo de 10-14 años (cuarto lugar), acceso a agua potable (sexto lugar), saneamiento (quinto lugar) y electricidad (sexto lugar). A partir de esos datos se produjo un Índice de Oportunidades Humanas. El Uruguay se encuentra en el quinto lugar, después de Chile, Argentina, Costa Rica y Venezuela. Es importante tener presente que se trata de un estudio regional que -a diferencia de la prueba PISA- no incluye a los países miembros de la OECD.
Lo grave no es que existan problemas, lo grave es que no los enfrentamos en forma decidida.
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