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Sábado 29.11.2008, 16:20 hs l Montevideo, Uruguay
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Nacional

Robó, fue a prisión y volvió al municipio

Comuna canaria lo sancionó con 45 días de suspensión

Los ediles colorados de Canelones lanzaron severos cuestionamientos hacia la administración de Marcos Carámbula, que según una resolución del 11 de noviembre, sancionó con apenas 45 días de suspensión sin goce de sueldo a un funcionario procesado con prisión meses atrás.

El hecho ocurrió en abril, cuando el hombre, que tiene un cargo de relevancia en la División de Mantenimiento, fue enjuiciado con prisión por el delito de "hurto especialmente agravado" por robar un reproductor de DVD a un particular.

El funcionario, de iniciales S.R.M, estuvo dos meses en la cárcel. Cuando recobró la libertad, se reintegró a la IMC para desempeñar sus tareas habituales.

La resolución de la comuna por la cual se estableció la sanción, señala que en el sumario se consideraron como atenuantes para no establecer un castigo más severo que el hombre posee un buen concepto funcional en sus superiores.

Además, en el legajo no constaban sanciones previas por irregularidades administrativas, añade la resolución.

Ante esa situación, la bancada de ediles del Partido Colorado cuestionó la medida adoptada en relación al funcionario, al considerar que es un "indiscutible ejemplo de discriminación" porque la misma sanción se aplica a "los funcionarios colorados cuando archivan un expediente de inasistencias u otros temas menores", afirmaron ayer en un comunicado de prensa.

Por su parte, la directora de Jurídica de la Intendencia de Canelones, Natalia Carbajal, dijo a El País que la comuna "no puede condenar el delito, sino que evaluamos el daño que pueda causar el hecho a la institución".

Carbajal indicó que en toda la administración pública se dan casos de este tipo, aunque reconoció que "no es lo óptimo" que una dependencia estatal tenga en sus filas a un funcionario que fue procesado y condenado por la Justicia penal, como en este caso.

De todos modos, "tampoco se puede disponer la muerte cívica de una persona por haber cometido un delito, porque con ese criterio no podría volver a trabajar en ningún otro lugar", concluyó Carbajal.

El País Digital

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