La sensación y la inseguridad

Gustavo Borsari

El primer semestre de 2008 nos despertó con las cifras oficiales más alarmantes en cuanto al tema seguridad pública. Respecto del mismo período que el año 2007, hubo: 52% más delitos de copamiento, 15% más rapiñas, 9.3% más hurtos de vehículos, 1.5 más hurtos, 6.7 más homicidios y 16% más casos de violencia doméstica! Vale decir que todos los delitos aumentaron.

La sola exposición de las cifras eximiría de todo comentario, pero la gravedad de la situación nos impele a pronunciarnos. El gobierno ha tratado de sacudirse el tema atribuyendo la responsabilidad a la prensa o a la oposición, alternativamente.

Todo gobernante que no asuma los problemas como tales, como un dato de la realidad, despojado de subjetividades, corre el riesgo -muy común cuando se ejerce el poder- de situarse en una torre de marfil desde donde es difícil encontrar el camino de la realidad y de la solución de los mismos.

No es sensato atribuir los males que hoy padecemos a terceros que nada tienen que ver. A casi cuatro años de haber asumido el actual gobierno, el Presidente de la República tuvo que llamar a la realidad a cinco de sus ministros y encomendarles, en un plazo perentorio, la presentación de un plan de seguridad pública. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si en el propio Consejo de Ministros se ha exigido la elaboración de una política definida de seguridad interior quiere decir que no la había o que la que se estaba aplicando era equivocada.

Desde marzo de 2005 hasta hoy se han venido dando señales y aprobado leyes y decretos que transmitían a la población que aquí, en nuestro país, la autoridad no iba a ser ejercida. Y nadie habla de autoritarismo ni nada que se le parezca.

La autoridad ejercida con arreglo a la Constitución y la ley es una obligación del gobernante, quien de no ejercerla puede caer en omisión. A la derogación del decreto que establecía la obligación de identificación ante solicitud de la autoridad, siguió la ley llamada de humanización y descongestionamiento carcelario y a ello actos concretos como el llamado telefónico del entonces Ministro del Interior al Presidente de la Suprema Corte de Justicia notificándole que no le solicitara el desalojo de una fábrica ocupada porque no iba a proceder.

Consecuencia: no se humanizó ni se descongestionó el sistema carcelario. La medida solo sirvió para liberar a unos 900 reclusos. Hoy las cárceles están más hacinadas que nunca, superando la población que había antes de la aprobación de dicha ley. Allí la realidad no puede ser peor. Solo quienes hemos visitado dichos establecimientos podemos constatar una realidad vergonzante para cualquier sociedad. Y que no se diga que no se han aportado ideas para la solución de este problema. Por su parte, la obligación de identificación hubo de restituirse por medio de una ley del propio gobierno! Por otra, la política de ocupación de establecimientos comerciales, fabriles y de edificios públicos le está estallando en la cara al gobierno.

La aplicación de estas políticas fueron la verdadera causa del deterioro de la seguridad pública en nuestro país y no otras. Ni la prensa ni la oposición, la responsabilidad es del "superior gobierno" que ha sido omiso en el tratamiento de uno de los problemas que más aflige a nuestra sociedad.