Funcionarios ratifican que abandonarán a pacientes

FEDERICO CASTILLO

El fideicomiso como salida a la crisis del Casmu no trajo paz sindical a la mutualista. Los funcionarios exigen el retiro de la rebaja salarial de la negociación, el pago de sueldos antes del viernes y se disponen a abandonar sus cargos el lunes.

La semana pasada fueron los médicos; ahora quienes están dispuestos a enviar señales de presión al gobierno son los funcionarios del Casmu, que intentan usar a su favor la amenaza de desocupar los sanatorios el próximo lunes para evitar así rebajas en sus salarios y acelerar el pago de los sueldos.

Al menos ese fue el mensaje que les transmitieron ayer a los negociadores de los ministerios de Trabajo y Salud Pública. "Se nos terminaron los tiempos. No hay más tiempo para negociar nada", resumió el presidente de la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), Luis Laxalt, tras salir de la reunión convocada por el gobierno para discutir la reestructura salarial del Casmu.

El Ejecutivo pidió ayer un plazo de dos semanas para procurar destrabar el conflicto, pero los funcionarios mantienen firme la postura de continuar las medidas, cumpliendo lo resuelto en la asamblea.

Según Laxalt, si mañana no se hace efectivo el pago a la primera franja de trabajadores y no hay una fecha de cobro para las restantes franjas antes del 10 del diciembre, se seguirá al pie de la letra lo que mandató la asamblea de Afcasmu. Eso incluye el abandono de puestos de trabajo por parte de los funcionarios no médicos.

El gerente general del Casmu, Milton Carro, dijo a El País que el Casmu deberá ser asistido con otro adelanto del préstamo puente para pagar los sueldos de octubre. Sólo para pagar la primera franja (funcionarios que cobran hasta $11.000 nominales al mes) se necesitan $ 545 millones.

"Si ya necesitamos una asistencia financiera una vez (para pagar sueldos), en una segunda instancia es lo mismo, esto va a ser así hasta que no se apruebe el fideicomiso y el préstamo puente", señaló Carro.

TOPES. El gremio de funcionarios insistió ayer en que la única posibilidad de que se sienten a negociar algo con el gobierno es que se retire de arriba de la mesa la intención de rebajar salarios. La discusión sólo se dará en base a la implementación de topes salariales en $ 34.000. Arriba de esa suma se negocia, abajo no se toca, dicen los funcionarios. "El Poder Ejecutivo se lleva ese mensaje", afirmó Laxalt.

Los trabajadores serán nuevamente convocados hoy para encontrar respuestas a los planteos.

RESPUESTAS. El director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Olesker, manifestó ayer que la posición del gobierno al respecto es que la afectación salarial sea de acuerdo a su peso en la masa global de sueldos de la institución, es decir, respetar los haberes más bajos.

Y según dijo Olesker en declaraciones a El Espectador, "el valor de una media canasta familiar ($ 17.000) para abajo", podría ser una medida de referencia para negociar.

"Lo tienen que discutir las partes y ver cuál es el número que se necesita, pero estos criterios deberían estar en la discusión: el criterio de la proporcionalidad y el criterio de la progresionalidad", aseguró el director de Secretaría del MSP.

"Esta experiencia ya se ha hecho en muchas otras instituciones de salud que estaban en situación de crisis, cuando la crisis afectaba al conjunto del sistema en 2002", agregó.

Desde el Casmu, la postura de su Junta Directiva parece ser tan inflexible como la de los funcionarios. Porque si bien insisten en la posibilidad de negociar, no admiten que el punto de partida sea fijar topes salariales. "Todos los sectores vamos a tener que ponernos de acuerdo. Se han calculado distintos escenarios en base a estudios. De ahí en adelante todo dependerá de la negociación", dijo Carro.

ABANDONO. Sobre la puesta en práctica de la anunciada medida de los funcionarios de abandonar sus cargos en los sanatorios, el gerente del Casmu fue tajante: "Esa es una situación muy grave y sería una medida extrema que no tiene antecedentes a nivel de la asistencia médica, ni pública ni privada".

Carro consideró que tal cosa "no va a suceder".

"Respeto el derecho de los trabajadores, pero no estamos en una fábrica de autos, es un servicio de atención de la salud y eso está por encima de todo. No resiste el menor análisis. No se puede abandonar el cuidado de un paciente enfermo", concluyó Carro.

Comisión define las garantías del fideicomiso

La señal positiva del gobierno al fideicomiso aún tiene pendiente un tema fundamental: las garantías que tendrá esta herramienta. Una comisión técnica, integrada por asesores del Casmu y representantes de los ministerios de Economía y Salud Pública trabaja para ajustar detalles de la herramienta financiera.

En este caso, el fideicomiso implicaría una emisión de títulos de deuda a través del sistema previsional AFAP. El objetivo es que ingrese dinero a las arcas de la mutualista que podrá ser devuelto a largo plazo y a bajo interés. El contador y gerente de seguros del Casmu, Max Sapolinsky, explicó que las instituciones como las AFAP invierten en el mercado de acuerdo con lo que marca la ley, "no pueden hacerlo en cualquier cosa y muchas veces están a la búsqueda de instrumentos para invertir". En el caso del Casmu se emitirían unos US$ 40 millones en títulos que luego la institución irá devolviendo con el flujo que le ingresa a la institución a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El director de Secretaría de Salud Pública, Daniel Olesker, señaló que se manejó como "exigencia" que la garantía del fideicomiso no sean los usuarios del Fonasa, y en ese sentido se están definiendo las posibles alternativas. La primera es el patrimonio social del Casmu. La segunda opción de garantía, dijo Olesker, sería incluir la deuda que la institución tiene con los médicos (a la vez propietarios del Casmu y principales interesados en la viabilidad de la mutualista). La tercera alternativa -que es la que más discusión arrastra- es la de usar finalmente como garantía a los usuarios Fonasa, pero en caso extremo, de quiebre de la institución. "Mientras la mutualista no cierre operarían perfectamente las dos primeras garantías", explicó Olesker. "Es una garantía que operaría muy en última instancia. Probablemente no se use", dijo.

Envíos a seguro de paro

Mientras se producía la reunión de los representantes de la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) con el gobierno, el resto de los trabajadores esperaba cortando la calle 25 de Mayo y haciendo ruido con bombos, redoblantes y parlantes. Luego del encuentro hubo un espacio para intercambiar información sobre la negociación. Algunos quedaron conformes, otros no. Lo cierto es que lo que más inquietó a los trabajadores es el envío a seguro de paro de muchos de sus compañeros. Según los funcionarios ya son unas 180 las personas que fueron enviadas a seguro de paro. Consultado por El País, el gerente general del Casmu, Milton Carro, no pudo precisar una cantidad exacta de funcionarios. Sí reconoció que "es cierto que se está en el proceso de envíos a seguro de paro". La mayoría de los afectados, agregó, son los funcionarios mayores a 65 años con causal jubilatoria. La medida forma parte del conjunto de acciones de gestión que el Casmu comenzó a implementar a principios de noviembre para achicar gastos. La reestructura global del Casmu pretende alcanzar un ahorro mensual de $ 33 millones.