Sociedades desvalidas

No hay nada más inoperante que los organismos internacionales cuando se trata de hacer frente a crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Esos organismos demoran sus pronunciamientos y así facilitan el curso de las masacres que no saben o no quieren impedir en tiempo y forma, como ocurrió con el genocidio de musulmanes en Bosnia, el exterminio de los tutsi en Ruanda o la carnicería de Chechenia. Al margen de esas postergaciones, los cuerpos internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -que ostenta un nombre inmerecido- han fallado en su cometido de impedir otros espantos, como la guerra de Vietnam, la de Biafra, los miles de mutilados en el conflicto interno de Sierra Leona, los millones de muertos en el Congo o el baño de sangre del Khmer-Rouge en Cambodia. Las cinco potencias que disponen de veto en ese Consejo, saben usarlo para impedir todo apaciguamiento, según sus intereses.

En medio de semejante panorama, la guerra civil de Sudán emerge como un caso extremo, no sólo porque se ha prolongado a través de dos décadas sino porque confirma aquella inoperancia para prevenir, controlar o poner fin a largas turbulencias, como la de ese infortunado país africano. Mientras ha tomado estado público el dato de que la reciente candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano ignoraba si África es un país o un continente, la suerte de las sociedades africanas sigue a la deriva. Un informe divulgado este año sostiene que los países del G8 (es decir, los más ricos del mundo) sólo han cumplido hasta el presente con el 14% de la ayuda que habían prometido en 2005 para aliviar la situación de las naciones africanas. Del 86% restante ni se habla.

Ese fracaso de la asistencia internacional permite que hoy en África haya 21.000.000 de personas con sida y 11.000.000 de huérfanos como consecuencia de esa pandemia. También permite que siga adelante la guerra civil en Sudán, cuyo perfil más doloroso es el caso de Darfur, provincia ubicada al Oeste del país, donde las milicias respaldadas por el gobierno continúan cometiendo asaltos, secuestros, violaciones y matanzas cayendo sobre los 2.500.000 sudaneses que se han refugiado allí y sobreviven en campos de refugiados, huyendo de otras zonas del país asoladas por la represión oficial. Esa población de evacuados ha sufrido ya 300.000 muertos.

El 14 de julio de 2008, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, pidió la detención del presidente de Sudán bajo cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y asesinatos. Era la primera vez que dicho tribunal solicitaba el arresto de un jefe de Estado en funciones y el fiscal fue muy cuestionado en varios ámbitos por ese gesto tan insólito. Pero nadie podrá desconocer que tuvo el coraje de denunciar a la cabeza de un gobierno que está en el poder desde 1989 y que durante décadas auspició el secuestro masivo de las comunidades meridionales de Sudán (que son negras y cristianas, no árabes y musulmanas como las del Norte, donde está la capital), para saquear con esos operativos sus pertenencias y vender a mujeres y niños como esclavos.

A pesar de que en Darfur "existe un peligro de anarquía en proporciones nunca vistas en el continente" (según los observadores de la Unión Africana en la región), quienes cuestionan la orden del fiscal de la Corte aducen que esa medida "podría provocar la expulsión de trabajadores sociales y tropas de paz" estacionadas en la zona. Con ese pretexto aligeran su conciencia y le sacan el cuerpo al problema, que sólo ha merecido del Consejo de Seguridad un pedido de investigación a la Corte de La Haya en 2005, para estar informado sobre la situación en Darfur. El resultado ha sido nulo y a este paso podrán morir otros 300.000 sudaneses hacinados en campamentos de emergencia y sometidos a las incursiones de las milicias patrocinadas por el gobierno. Pero hombre astuto al fin, el presidente de Sudán anunció el 12 del corriente un alto el fuego unilateral en Darfur, con la intención de celebrar conversaciones con los rebeldes.

Todo ese pormenor sirve para conocer el desvalimiento en que sobreviven algunos pueblos privados de libertad, de paz, de garantías y de derechos. Esos pueblos ya saben que el auxilio de la comunidad internacional no llegará a tiempo para prevenir la catástrofe.