DGI clausurará 49 locales por infracciones en la temporada

FABIÁN TISCORNIA

La Dirección General Impositiva (DGI) clausurará en diciembre 49 locales pertenecientes a 37 empresas de diversos rubros, debido a presunción de defraudación tributaria o defraudación comprobada.

Los cierres corresponden a actuaciones de Impositiva de la temporada de verano de 2008 y se realizan en el inicio de la temporada 2009, porque si no la sanción no tendría efecto sobre el comercio.

El director de Rentas, Nelson Hernández dijo a El País que "en todos los casos" se cuenta con las resoluciones de los juzgados competentes y "se dio vista de todo lo actuado a los contribuyentes que tuvieron la posibilidad de presentar descargos y pedir aclaraciones".

Además, el organismo ya prepara el desembarco de unos 70 inspectores en enero por toda la costa este del país, con una estrategia bien definida.

De los 49 locales a ser clausurados, en 33 casos el cierre será por seis días (el máximo permitido), en uno será cuatro días, en cinco por tres días y en un caso el cierre será por un día.

También hay nueve casos de reiteración de la infracción, lo que permite a la DGI clausurarlos por hasta 30 días como máximo. En ocho locales el cierre será por 30 días y en el restante por 15 días.

El director de Rentas dijo que las liquidaciones de impuestos "se hicieron por separado" e indicó que "algunos expedientes podrían estar en vías de cálculos" aún.

Hernández señaló que el departamento con mayor cantidad de clausuras es Maldonado con 28 cierres (11 en Punta del Este, seis en la Barra de Maldonado, cinco en la ciudad de Maldonado, dos en José Ignacio, dos en Piriápolis, una en San Carlos y una en Punta Ballena). Luego está Rocha con 16 clausuras (diez en La Paloma, dos en el Chuy, dos en La Pedrera, una en Punta del Diablo y una en Santa Teresa). Otros cinco cierres son en locales de Montevideo.

Respecto a los rubros en los cuales esos locales realizan su actividad, 15 corresponden a restaurantes, siete a boutiques de venta de ropa, siete a inmobiliarias, siete a almacenes y supermercados, cinco a locales bailables, dos a distribuidores mayoristas, dos a locutorios telefónicos, dos a panaderías, uno a bazar y uno a una agencia de viajes.

OPERATIVO 2009. En tanto, Hernández adelantó a El País que para esta temporada turística, las inspecciones comenzarán en los primeros días de enero sobre los "comercios golondrina" (denominados así porque trabajan sólo durante la temporada), "estableciendo las obligaciones fiscales y pidiendo el pago adelanto de las mismas o las garantías".

Desde hace dos veranos, la DGI implementó un mecanismo para poder cobrar los impuestos a los "comercios golondrina". Una vez que se comprueba que se trata de un local de este tipo se le calculan los tributos a pagar por el tiempo que esté abierto (en base a las ventas que prevea el comerciante) y se le pide el pago anticipado o una garantía. Si luego la realidad muestra que debió pagar menos, la DGI le devuelve la diferencia. Si en cambio debió pagar más, el contribuyente debe abonar ese remanente.

En caso que el comercio se niegue a anticipar el pago o a dar una garantía, la DGI puede tramitar la clausura de ese comercio por 30 días.

Esta etapa de fiscalización llevará los primeros 15 o 20 días de enero, estimó Hernández. La misma abarca desde la Costa de Oro hasta el Chuy y participan unos 70 inspectores de la División Fiscalización.

A partir de que se culmine con la etapa de los comercios de temporada, "se va a empezar a trabajar con inspecciones en profundidad, no sólo para ver si los locales facturan o no sus ventas, sino viendo también si liquidan bien los impuestos", afirmó el jerarca.

Mayor control de alquileres por IRPF

El director de Rentas, Nelson Hernández adelantó a El País que la Dirección General Impositiva (DGI) va a "trabajar coordinadamente con los operadores turísticos, en lo que tiene que ver con la información necesaria y otros elementos que contribuyan a mejorar el control de la actividad de alquileres por la temporada".

La idea es trabajar con aquellas inmobiliarias que "actúan en la formalidad", contó el funcionario, para poder retener del ingreso por el alquiler el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la categoría rentas del capital.

La DGI centrará sus inspecciones en aquellos particulares (propietarios o porteros de edificios) que realicen arrendamientos e "intenten eludir el pago del IRPF". De esa manera, "vamos a combatir la competencia desleal también", agregó Hernández.

Según datos de las inmobiliarias instaladas en el Este, los alquileres informales, los que se hacen directamente por parte de los propietarios, aquellos por los cuales las inmobiliarias no pagan los impuestos correspondientes o los realizados por porteros de edificios, llegan en la franja costera al 60% del total. Esto creció a partir del año pasado por efecto del gravamen del IRPF sobre los alquileres, dado que evitando a las inmobiliarias los propietarios se evitaban del control sobre el pago del impuesto.

Los ingresos por alquileres tributan el IRPF. Los propietarios de los inmuebles deben abonar el 12% de lo que perciben, pero pueden deducir los pagos de contribución inmobiliaria y el impuesto de Primaria, por lo que la tasa efectiva que abonan (y con la que las inmobiliarias hacen las retenciones) es de 10,5%.