Uribe se da de frente contra la guerra sucia en Colombia

BOGOTÁ | EL PAÍS DE MADRID

De un día para otro, al muchacho que se ganaba la vida como estatua viviente en un parque de la ciudad de Neiva, el Ejército lo hizo aparecer como un guerrillero muerto en combate. Nadie pudo salir del asombro en esta ciudad al sur de Colombia.

Mientras, el país asiste horrorizado a la denuncia de 1.155 víctimas de ejecuciones extrajudiciales como ésta, que investiga la Fiscalía General de la Nación por todo el territorio colombiano. Se acusa a las fuerzas públicas de registrar como guerrilleros caídos en combate a personas inocentes, o llamados "falsos positivos". Más de 3.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas son investigados, incluidos generales. Un bumerán al que se enfrenta el presidente colombiano, Álvaro Uribe.

El mandatario basó gran parte de su política de seguridad democrática para combatir a la guerrilla de las FARC, primero, en un sistema de recompensas a civiles que informaran sobre guerrilleros, lo cual pudo generar una red de delincuencia o negocio de muertos, según advirtió el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, segundo, en la estrategia de privilegiar los incentivos militares según el número de bajas en combate.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció la destitución de otros 13 militares por este escándalo. Estos se unen a los 27 miembros del Ejército que ya fueron relevados hace tres semanas.

Con estas destituciones y la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya (responsable de la operación en la que se liberó a Ingrid Betancourt en julio), el gobierno, afirma el fiscal, "pretende salvar su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional. Pero si comprobamos que ésta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad", añade.

No son casos aislados. En Neiva, cubierto de blanco de la cabeza a los pies, Miller Andrés Blandón acudía al Parque Cívico a ganarse la vida como estatua humana. "Hacía poco que había salido de un centro de desintoxicación de drogas y convertido la Casa de Apoyo al Habitante de la Calle en su refugio", dice el coordinador del programa, Antonio Torres.

El 17 de julio, Blandón acudió allí a comer. Cuando los indigentes terminaron, llegaron dos hombres en una moto y les ofrecieron trabajo como recolectores de café. Sólo tres de ellos aceptaron.

Al día siguiente, el informativo del mediodía contó cómo tres guerrilleros cayeron en combate en las selváticas montañas de los Andes del municipio de San José de Isnos.

Al atardecer, uno de los miembros de la fiscalía que hizo el levantamiento de los cadáveres encontró en la cartera de una de las víctimas su documento de identidad: Miller Andrés Blandón, y un número de teléfono. Llamó y la esposa de su abuelo, Silvia Segura, negó que ese muchacho de 24 años fuera guerrillero.

Los otros dos indigentes siguen enterrados como no identificados. Igual que en muchos de los casos investigados en 14 departamentos, ya que se buscan personas que no sean de la región, las secuestran, las trasladan lejos de su zona y luego el Ejército las registra como guerrilleros caídos en combate para evitar que los reclamen.

Colombia se convirtió en un territorio minado para Uribe, ante la continua denuncia de estas ejecuciones extrajudiciales. Según la analista política Claudia López, estos hechos dejan en evidencia la ineficacia del control y mando del gobierno frente a sus instituciones militares y de los comandantes frente a sus subalternos, y la negligencia frente a las denuncias de violación de derechos humanos.

El país es observado. Días antes de su elección como presidente de EE.UU. el 4 de noviembre, Barack Obama aseguró en uno de los debates de la campaña que no firmaría con Colombia el Tratado de Libre Comercio mientras no haya garantías de derechos humanos.

Son 1.155 muertes que investiga la fiscalía de indigentes, drogadictos o marginados, más otras 2.000 denunciadas por otras instituciones. Todo para cumplir con los resultados pedidos, obtener ascensos, condecoraciones o, simplemente, para disfrutar de permisos en días especiales.

Desde la llegada de Uribe al gobierno en 2002, se denunciaron casos de "falsos positivos" por parte de familiares u organizaciones de derechos humanos que lo único que recibían del presidente eran descalificaciones o acusaciones.

Un presidente que en su primer acto público, el 8 de agosto de 2002, anunció su política de estímulo y recompensas a civiles, y la pretensión de convertir a Colombia en un país de informantes. Esto generó muchos debates y casos asombrosos.

El semestre pasado, el guerrillero "alias Rojas" se presentó ante un comando del Ejército con la mano de su jefe Iván Ríos, del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como prueba, y diciendo dónde estaba el cadáver. Yacía junto al de la novia de éste, a la que también había matado. Tras una polémica nacional sobre la legalidad y moralidad de que Rojas recibiera la recompensa, finalmente le fue concedida.

Números. Según las estadísticas del propio Gobierno, cuando Uribe llegó a la presidencia, en Colombia había 15.000 hombres de las FARC. Según esas mismas fuentes, en estos seis años se desmovilizaron, fueron capturados o murieron en combate 55.000 guerrilleros. Las cuentas no cierran.

Aunque en Colombia nadie niega que la seguridad del país mejoró, que hay más confianza por parte de los inversores extranjeros y que las FARC parecen heridas, 45 millones de colombianos se preguntan perplejos si acaso, para solucionar el conflicto armado, todo vale.

Amistades peligrosas con eta

Terroristas de ETA y guerrilleros de las FARC mantuvieron contactos más o menos intensos desde 1993. Así lo asegura el fiscal en su querella contra cinco presuntos etarras, a los que acusa de pertenencia y colaboración con la banda armada y conspiración para cometer asesinatos. El escrito, basado en la investigación de los discos duros de los ordenadores incautados al número dos de las FARC, Luis Edgar Devia, Raúl Reyes -muerto en una operación militar en Ecuador sobre la frontera con Colombia el 1° de marzo-, recoge cursos sobre manejo de explosivos compartidos por miembros de ambas organizaciones y 21 correos electrónicos que evidencian su relación. José Ángel Urtiaga, responsable del colectivo de militantes de ETA en Cuba, fue, según la fiscalía, el interlocutor con los guerrilleros después que la organización terrorista estableció "relaciones oficiales con las FARC", en noviembre de 1999. (El País de Madrid)