Damnificados del corte tras dos años de bronca

Fray Bentos | Daniel Rojas

Ayer fue el cumpleaños de Carlos. Hace dos años estaba trabajando en el puente internacional Gral. San Martín, cuando recibió la noticia de que la frontera volvía a ser cortada por los piqueteros. "Qué lindo regalo de cumpleaños" dijo y miró triste hacia el horizonte, presagiando que la situación (ya complicada por cortes anteriores), se iba a poner más fea aún. Y así sucedió.

El bloqueo comenzó a hacer estragos y 214 familias se vieron afectadas directamente. La mayoría tuvo que "emigrar" a distintos pasos fronterizos, otros se quedaron sin empleo o vieron sus empresas quebrar. Otros debieron hacer las maletas y buscarse un futuro en otro país.

La principal frontera terrestre de cargas y turistas del país, se ha convertido en una "zona muerta". De a ratos, esa enorme estructura se asemeja a una ciudad abandonada.

El grupo de afectados emitió una declaración en la que expresa su "total rechazo al grupo delictivo piquetero que por no saber dirigir sus reclamos, nos ha llevado a la pérdida de nuestras actividades, trabajos, y nuestra vida en familia". Destacan que, como consecuencia de ello, seguirán "insertos en un estado crítico, subsistiendo en total desamparo, con una infinidad de problemas que no se van a poder superar a corto plazo si en algún momento se llega a revertir en forma definitiva el bloqueo autoritario".

A su vez advierten sobre las consecuencias: "Deslindamos total responsabilidad ante algún hecho que pueda suscitarse con relación al estado emocional y particular ante la presencia de piqueteros en esta ciudad o en cualquier parte del territorio nacional. El daño sufrido por los trabajadores de esta zona, no pasa solamente por lo económico, sino también por lo moral y se sigue agravando cada día que pasa".

Entienden que el gobierno los ha dejado solos porque se trata de un conflicto que afecta únicamente a una zona de Uruguay y que ha pasado a segundo plano, dejando de ser una piedra en el zapato para los gobernantes.

Daniel Fernández, vocero del grupo de afectados, expresó a El País que exigen a las autoridades "que no sigan mirando para el costado y que ambos gobiernos sigan dialogando permanentemente para liberar el puente, haciendo respetar el derecho de libre circulación de personas y bienes".