Ley manipulada

Antonio Mercader

Tras casi cuatro años de gobierno, a las apuradas y despreciando a la oposición, el Frente Amplio quiere aprobar una ley de educación también resistida por los sindicatos. El paro de anteayer en los liceos capitalinos, la amenaza de huelga general y la instalación de una carpa gremial (al estilo argentino) ante el Palacio Legislativo, prueban que el proyecto carece de apoyo hasta en la izquierda.

Previendo la protesta, el gobierno manipuló los tiempos para que el trámite parlamentario transcurra con centros educativos despoblados por el comienzo de las vacaciones. Pero ni aún así la sanción de la ley será pacífica aunque se la quiera consagrar, según se anuncia, en apenas dos semanas.

En efecto, el oficialismo planea aplicar su mayoría automática para aplanar a la oposición que objeta el proyecto por razones de forma y de fondo.

De forma, pues no se la contempló en el curso del publicitado debate educativo. De fondo, pues sostiene que la orientación del proyecto se concentra en la distribución de las cuotas de poder antes que en el cambio de un modelo de enseñanza que hace agua.

Una ley de este tipo debe votarse con un consenso que asegure el máximo compromiso en su ejecución y su continuidad en el tiempo. En el caso del partido Nacional, alternativa de poder en las próximas elecciones, el gobierno se ensañó con sus desplantes.

Primero, al aislar a los delegados nacionalistas durante la elaboración del proyecto. Luego, cuando en medio del disenso en la izquierda y hasta en la dirección de la enseñanza (recuérdense las críticas al proyecto del presidente del Codicen de la Anep, Luis Yarzábal), el partido Nacional intentó, sin éxito, anudar un diálogo con la ministra de Educación, María Simon, para hallar puntos de acuerdo.

Esa oferta ni siquiera se consideró. Lo único que le importaba al gobierno era lograr que el MPP y el partido Comunista depusieran su idea de darle la suma del poder a los sindicatos, cosa que, según parece, al fin se consiguió. Así alineados, se anunció que los legisladores del Frente Amplio votarían la ley de un tirón, pero a último momento la Mesa Política del Frente Amplio resolvió otra postergación "porque las bases de Montevideo tienen dudas".

Así, las susodichas bases pudieron lo que no pudo el principal partido de oposición.

Si bien los gremios advierten sobre ambigüedades y "errores jurídicos" no corregidos en el articulado, mucho más graves serían algunas inconstitucionalidades. Entre ellas resalta la creación de cargos en entes de enseñanza ya existentes y en los que se habilitarían en la nueva ley, extremo prohibido por la Constitución dentro de los doce meses anteriores a las elecciones previstas para octubre de 2009.

Tanta es la presión por sacar la ley adelante que no se repara en los medios. Ejemplo de ello es el reparto de las facturas de Antel con un folleto propagandístico adjunto sobre la ley de educación que desvirtúa las funciones de un ente autónomo al tiempo que vulnera su estatuto legal. Entre los objetivos de la empresa telefónica estatal no está el de hacerle propaganda al gobierno y menos aún en términos tan gruesos como los de un folleto en donde se leen frases apologéticas de este tenor: "En más de tres años el gobierno desarrolló políticas a favor de la equidad, la justicia social y el mejoramiento de la vida de toda la ciudadanía..." ¡Qué tal!

Ahora sólo falta que UTE y OSE nos manden las facturas con formularios para firmar por la reelección de Vázquez.