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Proyecto. Comisión del Senado fijará posición antes de fin de año
PABLO MELENDREZ
La Comisión de la Violencia en el Deporte del Senado pretende pronunciarse el mes próximo sobre un proyecto que prohíbe el ingreso en las canchas a los hinchas violentos. La propuesta ha sido cuestionada por operadores judiciales.
El proyecto de ley impulsado por el senador Gustavo Lapaz (Unidad Nacional) prevé un mecanismo para que las personas identificadas como peligrosas no puedan asistir a los espectáculos deportivos, obligándolos a presentarse a la seccional policial correspondiente durante los partidos.
Además, la iniciativa, que de aprobarse se aplicará sin necesidad de que exista procesamiento de parte de la Justicia, establece que las personas a las que se les aplique la norma deberán ser incluidos en proyectos de rehabilitación más allá de que no se haya comprobado una falta o un delito.
En las últimas semanas, la Comisión de Violencia en el Deporte, recibió a delegaciones de la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Fiscales y del Colegio de Abogados que coincidieron en señalar que, eventualmente, podría considerarse inconstitucional la prohibición de asistir a los partidos sin que exista un procesamiento o un fallo judicial condenatorio.
"La ley de violencia doméstica es similar, porque a pesar de que no hay procesamiento de la persona, generalmente a los maridos no se los deja acercarse a la casa y los obligan a ir a charlas para recuperarlos. Y en este proyecto que estamos proponiendo que no vayan a la cancha y que tengan que ir a charlas nos dicen que es ilegal", expresó Lapaz a El País.
PRUEBAS. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, dijo que el proyecto presenta "objeciones de inconstitucionalidad" ya que no es posible prohibir a una persona el ingreso en un estadio sin que exista un procesamiento previo.
Van Rompaey, que expuso su opinión sobre la iniciativa hace dos meses cuando concurrió a la comisión parlamentaria, dijo ayer a El País que la Suprema Corte está dispuesta a realizar aportes para solucionar esta problemática, aunque aclaró que "no es un tema del Poder Judicial sino que le corresponde a otros actores del sistema público y privado".
Además, el ministro dijo que la Policía debe aportar las pruebas necesarias cuando se registran detenciones por hechos violentos en escenarios deportivos. "Se deberían remitir los elementos que permitan a los jueces dictar sus procesamientos, en los casos en los que corresponda", afirmó.
EDUARDO DELGADO
El gobierno enviará al Parlamento un nuevo capítulo que considera central del proyecto de ley de deportes y que refiere a las contrataciones de deportistas profesionales.
El Ministerio de Deportes definió que este capítulo sea puesto a consideración del Poder Legislativo a la brevedad y que la ley marco se envíe luego.
El proyecto parte de "un principio orientador", que "los derechos federativos y deportivos son indivisibles", afirmó Lescano. "El objetivo es poder determinar con exactitud la actuación de cada uno de lo actores en ese complejo proceso de transferencia", y que las instituciones se beneficien con mayores porcentajes de las transferencias, a cambio de gestiones transparentes, añadió.
"El fútbol uruguayo desde el punto de vista institucional se ha convertido en un emprendimiento sin futuro, e intentamos colaborar para que eso cambie", dijo Lescano. Respecto a si este cambio es un ataque al Grupo Casal, sostuvo que eso es "una construcción imaginaria" y que las políticas públicas que desarrolla "no tienen nombre ni apellido, ni van específicamente contra nadie".
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