Órganos de contralor

Es notorio el aislamiento al que el gobierno del Frente Amplio quiere reducir a los órganos de contralor del Estado, específicamente al Tribunal de Cuentas, encargado del contralor financiero del Estado y a la Corte Electoral que tiene asignada en una democracia conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales.

En el caso del Tribunal de Cuentas ha sido su propio presidente quien salió a denunciar esa situación, a raíz de un artículo de la última Rendición de Cuentas por el cual se le reduce en un 30% su capacidad financiera, en un camino de retaceo que comenzó en el año 2005 y que continúa apretando la bolsa con esta nueva limitación. Una ley de 1995 le había otorgado el 1,50 por diez mil sobre los ingresos brutos de las empresas comerciales e industriales del Estado, en su totalidad para gastos de financiamiento e inversiones. Una ley del 2005 les redujo al 60% y esta última al 30%, con lo cual los 30 millones que venían percibiendo, se han reducido a 9 millones, en momentos en que su tarea se ha visto multiplicada y los costos naturales se han incrementado. No debe ser ajeno a esa actitud la independencia con que se maneja el Tribunal en las observaciones de gastos, que se elevan a varios miles a través de distintos años -en el 2006 fueron 90.000- y que dan lugar a furibundos ataques, como ocurrió cuando se trató el fideicomiso para aumentar el precio del gas oil o por la Junta Departamental de Montevideo ante observaciones a la Intendencia, olvidando que en esos casos lo que corresponde utilizar son datos objetivos que desautoricen y no adjetivos que, por el contrario, las respaldan.

En el caso de la Corte Electoral, por su parte, es oportuno ampliar los términos de un editorial anterior, donde se señaló que la misma ley de Rendición limitó a sólo 30 la provisión de vacantes, en momentos que el organismo está obligado a cumplir una abrumadora serie de tareas con elecciones internas, nacionales y departamentales, creando una situación que no solucionó el dictado de una ley interpretativa, de dificultosa interpretación.

También la Corte Electoral es sujeto pasivo de una persecución que tuvo su origen en el Presupuesto del 2005, donde se omitió su inclusión, siendo objeto sostenido de una acción conjunta del Poder Ejecutivo y de la mayoría del Parlamento, que por sí y ante sí, sin razones valederas, desconoce los proyectos preparados por el propio organismo, actuando como promotores figuras claramente identificables por su nombre y apellido. La razón en este caso, parece ser más vil y censurable ya que se pretende castigarla, también por la rectitud y objetividad de sus procedimientos. En ese sentido, un diputado manifestó hace un tiempo: "lo que está subyacente en todo lo que tendremos respecto al presupuesto de la Corte Electoral es su integración", agregando que "la presión política sobre un organismo se puede hacer por varias vías; la que impide que tenga un presupuesto es una de ellas", cerrando sus declaraciones con la siguiente frase: "Todo esto es parte de una lucha política que me parece que el gobierno… está comenzando a dar por la vía presupuestaria. Hablo de la integración de la Corte Electoral". El tiempo vino a darle la razón. Y lo que nunca le pudieron perdonar es haber actuado como correspondía ante un recurso de referéndum que se presentara con miles de firmas con enmendaduras sin salvar; varios números iguales de credencial; firmas discutibles escritas con tres o cuatro tintas diferentes o confeccionadas con más de una letra, llegando a aparecer varias veces como recurrente un ciudadano Roberto Gómez.

Ya llevan tres años en esa batalla y los artículos que promovieron y votaron se incluyen dentro del mismo propósito. Es importante que la ciudadanía lo sepa y que esta alcaldada se incorpore a la larga lista de violaciones a la Constitución y desconocimiento de sus términos. Esa es otra de las razones por las cuales el Frente Amplio no puede seguir en el gobierno; por lo que significan el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral en un régimen democrático y por lo que representa el hecho dentro de un largo rosario que es imposible predecir con cuántas estaciones más van a ir desplegando y que no se sabe a quienes puede alcanzar. Ambos organismos tienen facultades y obligaciones que cumplir y hay que respetárselas, pero, a la vez, la ciudadanía tiene el poder de fortalecerlas, no acompañando a quienes los agreden.