Tramposos

Las autoridades de Secundaria investigaron, al parecer sin éxito, las denuncias sobre los profesores que copiaron en recientes pruebas escritas para acceder a cargos de dirección. Los hechos sucedieron a fines de octubre en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) adonde concurrieron a realizar la prueba unos trescientos concursantes de Montevideo, San José y Canelones.

Todo indica que los encargados de controlar los ejercicios escritos se confiaron excesivamente en la jerarquía y responsabilidad de los examinados que no eran, precisamente, unos liceales a los que hubiera que vigilar de cerca para evitar que hicieran trampas. Aprovechando la tolerancia, algunos profesores, e incluso inspectores de asignatura, copiaron a vista y paciencia de todos, lo cual generó, al final de la prueba discusiones y reproches dirigidos a los tramposos.

El semanario izquierdista Brecha fue quien dio el primer alerta sobre lo sucedido y recogió varias denuncias anónimas sobre las artimañas empleadas por ciertos docentes para sortear la prueba. Además, dicho semanario aseguró que las autoridades del Codicen de la Anep y del sindicato docente de Secundaria (Ades) sabían de estas irregularidades, pero que iniciaron la correspondiente indagatoria sólo después de la publicación periodística lo que resulta criticable de todo punto de vista. Por otra parte, la falta de denuncias formales habla de una deplorable situación de temor entre los docentes o de compañerismo mal entendido.

Ahora, Secundaria no puede cerrar el caso por falta de pruebas o de denuncias con nombre y apellido sino que debe ahondar en la investigación y actuar con firmeza ante situaciones que echan una sombra sobre la educación pública y la contextura moral de los profesores.

Debe identificar a los responsables, sumariarlos y aplicarles sanciones ejemplarizantes para que estas irregularidades no se repitan y, también, para hacer justicia con quienes rindieron las pruebas sin hacer trampas. Y si Secundaria no actúa porque no logra reunir las pruebas, tendrá que hacerlo la Anep o en su defecto el Ministerio de Educación y Cultura. La credibilidad del cuerpo docente está en juego.