Redadas y deportaciones de latinos en EE.UU.

DANIEL HERRERA LUSSICH EN WASHINGTON | CORRESPONSAL PERMANENTE

Amenaza de sanciones y prisión a empresarios para impedir trabajo a indocumentados, récords de expulsiones y retorno por la crisis. Afecta a numerosos uruguayos. Marcha el 21 de enero de 100 mil inmigrantes para pedir solución a Barack Obama.

Con desesperación corría por la avenida Connecticut, a tres o cuatro cuadras de la Casa Blanca, gritaba algo, mezcla de castellano e inglés, difícil de entender, y gesticulaba con sus brazos en señal de ¡Basta, por favor! Finalmente cayó. Cuatro o cinco gigantes se le abalanzaron, lo apretaron contra la calle, se vio algún puño que caía sobre la no muy vigorosa humanidad del hombre, morocho, que a esa altura no dejaba de gritar. Lo esposaron y con rapidez lo "zambulleron" en la parte de atrás de una camioneta con unas iniciales que no pudimos descifrar.

Todo el aparatoso engranaje, de autos y personas de particular, con algún arma que asomaba a la altura de la cintura, desapareció en minutos. La gente, bastante ya cerca del mediodía, observaba de lejos, nadie intervenía ni intentaba congregarse para hacer comentarios sobre lo que parecía una filmación de un truculento thriller en plena capital.

¡De pronto surgió la luz! Un señor, correctamente vestido, seguido por una mujer, rellenita, de 40 y pocos años, muy nerviosos dieron la explicación: "Era uno de los cocineros del restaurante de pescados y mariscos de la otra cuadra. La gente de la Dirección de Seguridad Nacional e Inmigración apareció de pronto, en una redada, pidió documentos y apresaron a seis ilegales. El hombre que corría había logrado escapar. Esa es su señora que es ayudanta de cocina", explicó el recién llegado, sin duda latino, no sólo por su acento, sino también por su comentario. Jamás se le oiría a un estadounidense, en general partidario de no "inmiscuirse", ni "meter baza" en un "lío" o asunto ajeno.

Fue la señora, que secándose con el delantal la cara y las lágrimas, largó el "chorro" de lamentos para quién quisiera escucharla; "¡Es mi marido, trabajamos en el restaurante, somos indocumentados, desde que llegamos de México hace ocho años! ¿Qué hago ahora? Tenemos dos hijos chicos, nacidos acá. Son americanos."

DEPORTADOS. Este cuadro, del cual no conocemos el final, pero lo presumimos, se está repitiendo a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Se ha convertido en un hecho normal la redada, detención y deportación de miles y miles de ilegales originarios de toda Latinoamérica.

Hasta el mes de septiembre, las cifras marcaban un récord de expulsados: 350 mil indocumentados devueltos a sus países de origen, la mayoría de las veces dividiendo a las familias y en especial a los niños, que son estadounidenses.

Desde que a mediados del 2007 fracasaron los proyectos de ley en busca de una salida para los 12 millones de inmigrantes ilegales, el Director Nacional de Seguridad, Michael Chertoff, abogado, de conocida militancia republicana, nombrado por Bush en el año 2005, considerado un "hombre duro", decidió aplicar con el mayor rigor la ley contra los indocumentados.

Las redadas se pusieron a la orden del día, lo mismo las detenciones y pausadamente las deportaciones (es imposible mantener recluidos y expulsar, con el costo que apareja a millones de personas). A ellas se suman los que se "vuelven" por la crisis, que está golpeando sin discriminación y que los deja "en la calle".

El desempleo es creciente en todo Estados Unidos. Hasta fines de octubre alcanza un porcentaje del 6,5%. Se estima que por la vía del retorno obligado por falta de trabajo se fueron 500 mil latinos, desde febrero a septiembre.

La Dirección Nacional de Seguridad, bajo la inflexible mano de Chertoff, cuenta en la actualidad con un presupuesto de 15 mil millones de dólares, 18 mil efectivos en la Patrulla Fronteriza y 100 equipos que se movilizan por todos los estados en "razzias" tras los ilegales.

ADVERTENCIA. Y la nueva política de "endurecimiento" está dando altos resultados. Una nueva medida, adoptada hace unos meses ha multiplicado la efectividad.

Se está cursando una notificación a empresarios, que se sospecha pueden contar en sus planillas con ilegales, para que los despidan en 90 días y avisen a la DNS. Según datos que salieron del propio Chertoff, se comunicará o establecerá contacto con 1.200.000 patrones, los cuales se estima emplean cerca de 8 millones de personas en condición ilegal. A partir del 1º de enero todos los empleadores deberán, además llenar una forma especial para identificar a sus trabajadores ante las autoridades federales migratorias.

"Si los patrones no cumplen van a tener serios problemas con la justicia penal y enfrentarán sanciones de hasta 20 mil dólares por cada empleado que se detecte ilegal", explica Rosie Reyes, asesora de asuntos migratorios.

"Es un gran paso para prevenir las contrataciones de indocumentados", alerta Chertoff.

Pero a su frente, se ha colocado en "pie de guerra" la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Se opone firmemente a esta actitud de verificación por razones de "tiempo y dinero", argumenta.

"En mi experiencia no es justificación para ganar dinero, violar la ley, seguiremos adelante con nuestra actividad", responde el director de Seguridad Nacional.

DEPORTADOS. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo en Estados Unidos, viven 12 millones de inmigrantes ilegales, de los cuales casi 7 millones son de origen mexicano y 22% del resto de Latinoamérica.

Se calcula que hay 70 mil uruguayos viviendo en el país. Y entre 25 mil a 30 mil sin papeles. En los últimos meses, ha trascendido que son numerosos los uruguayos que han sido detenidos y parte ya se fue o está en trámite de deportación. Los casos que se conocen provienen especialmente de Florida, California, Nueva Jersey y Pensilvania.

El desempleo está golpeando fuerte a los indocumentados. El 19% trabajaba en la construcción, el sector más golpeado por la crisis económica, 17% en limpieza y 12% en preparación de comidas, ambos grupos "muy tocados" por la baja del consumo.

Otro dato sugestivo, el cual sirve de argumento sólido a las autoridades, apunta a que hay en las cárceles 220 mil latinos que han delinquido. Una vez que cumplan la pena serán deportados de inmediato a sus respectivos países.

El tema de la inmigración ilegal y sus repercusiones en la sociedad americana está entre las preocupaciones de los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis como los actuales, en los que distintos sectores de la actividad nacional comienzan a ser golpeados por la adversidad y se prevé un 2009 con dificultades.

Una marcha de inmigrantes no bien asuma Obama

Durante la reciente campaña electoral ambos candidatos, el presidente electo Barack Obama y el del Partido Republicano, John McCain, omitieron en sus discursos menciones directas al problema de los inmigrantes indocumentados. En las primarias en alguna rápida referencia hablaron de "buscar fórmulas" exigiendo inglés, pago de una multa, regularización paulatina, encarando la posibilidad de retorno temporario a sus lugares de origen y marcando discrepancias en cuanto al otorgamiento de la licencia de conducir.

Obama asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero y las organizaciones de inmigrantes programan una marcha, un día después, que se calcula reunirá a 100 mil personas, para impulsar modificaciones a las leyes migratorias. Se solicita también el cese inmediato de las redadas en los centros de trabajo. "Entendemos que el tema prioritario para el nuevo mandatario será la economía, pero hay que recordar que Obama dijo que un presidente puede hacer dos cosas a la misma vez. Y creo que la inmigración es un tema muy importante para los que fueron a votar por el senador por Illinois", afirmó en la prensa de los últimos días Mario Quiroz, de la Casa de Maryland, portavoz de los grupos que convocan a la movilización del 21 de enero en Washington.

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos acaba de reclamar por medio de un comunicado que "el gobierno de George W. Bush reconsidere el uso de las redadas como instrumento para hacer cumplir las leyes migratorias en el país".

El costo humanitario de las mismas es inconmensurable, además de inaceptable para una sociedad civilizada", dijo.

La cifra

100 mil | Es el número de participantes que se espera, el 21 de enero, en la movilización en reclamo de reformas a las leyes migratorias.