Armas y delitos

Niños y mujeres tomados como rehenes por rapiñeros, comerciantes que se ven obligados a resistir a tiros los ataques de asaltantes armados y otras facetas de la ubicua violencia urbana, son rasgos del Uruguay de hoy.

Frente a esto el gobierno ha ensayado varias políticas, desde los tiempos en que fue ministro del Interior el doctor Díaz, hasta la actualidad, en que tenemos en citado cargo a la señora Tourné. Es decir, desde los tiempos de la malhadada "ley Díaz" que significó la liberación de toda especie de delincuentes, muchos de los cuales no demoraron en volver a delinquir, hasta el actual 2008 en que se voceó la implementación de un plan de seguridad que hoy brilla por su ausencia.

Ahora, tras reiterados atracos a comerciantes y la respuesta armada de estos, se quiere convencer a los titulares de los comercios, de que no ofrezcan resistencia utilizando armas de fuego. En otras palabras, que se desarmen.

Parece que se está colocando la carreta delante de los bueyes. Aquí lo que hay que hacer es terminar con el delito, terminar con los delincuentes armados y no darle lecciones a ciudadanos honestos que de ninguna manera quieren empuñar un revólver sino que se ven obligados a ello por la circunstancia que los involucra.

Reiteramos esto porque ya lo hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, recientemente hubo consejos policiales en el sentido de que la gente no llevara carteras a la vista sobre el asiento del automóvil, a fin de evitar arrebatos. De inmediato los asaltantes tomaron conocimiento de esto y volvieron a romper vidrios de autos en los semáforos, para hurgar debajo de los asientos, donde era sabido que estaba lo que querían robar. Seguramente ahora estarán felicitándose de que existe la posibilidad de que los comerciantes dejen de lado la tenencia de armas de fuego. Esto les haría mucho más fácil su actividad.

No estamos frente a hipótesis eventuales, no estamos ante situaciones teóricas. Nos encontramos ante una realidad terrible que los uruguayos viven hoy y ahora. Es decir, algo que requiere acciones decisivas e inmediatas. Esas que todos los habitantes del país están esperando desde el 1º de marzo de 2005.