Fiebre electoral

Se sabe que al uruguayo le encanta votar. Y no solo eso, sino que el clima electoral y el involucramiento de la ciudadanía en estos temas es permanente. Basta ver la elevadísima tasa de participación tanto en las elecciones nacionales, donde es obligatorio votar (pero la sanción es mínima) como en las internas partidarias, donde se vota por puro espíritu ciudadano. Hasta ahí nada de que preocuparse. Más bien lo contrario, ya que esta participación popular permanente en los temas políticos es uno de los activos principales con los que cuenta nuestra sociedad, y probablemente haya sido un importante freno para la aparición de liderazgos mesiánicos y destructivos, tan frecuentes en países vecinos.

Ahora bien, esto también trae aparejados problemas. Cuando al país le falta un año generoso para enfrentarse a su próxima elección nacional, y desde hace meses ya se puede ver a la gente con sus banderas por las calles, a los posibles candidatos sonriendo desde los muros, y el ritmo machacante de los jingles políticos se transforma en la banda de sonido oficial en las principales urbes del país, es lógico preguntarse hasta donde esto es positivo.

Tiempo atrás, el que fuera portavoz de la Casa Blanca en los períodos más duros del mandato de Bush, Scott McClellan, decía que una de las cosas que más le había chocado de la administración republicana que integró, era el permanente clima de campaña que se vivía. Y que eso había sido nefasto para la misma, ya que todos los temas se analizaban con la óptica calculadora de la contienda electoral.

Algo como para pensar. Sobre todo en un país donde, por ejemplo, en medio de una crisis financiera global sin precedentes, el integrante del gobierno que se supone más idóneo para manejar la economía nacional, se alejó del mismo hace ya un buen tiempo, para trabajar por una candidatura que finalmente nadie sabe bien si se hará realidad. Vale aclarar además que la Constitución no exige que los ministros deban renunciar a sus cargos con algún plazo de anticipación, para aspirar a la Presidencia. Ni que hablar del vacío de autoridad que por el mismo tema ha sufrido el Banco Central, otro órgano clave en estos momentos de incertidumbre financiera. Este caso resulta paradigmático para ver que las consecuencias de este "clima electoral" van más allá de las figuras que dejan su puesto para "correr" políticamente. El problema es que la lógica de la lucha electoral empieza a afectar todas las medidas que debe tomar un gobierno.

Basta comprobar cuantas de las reformas que el actual gobierno consideraba vitales para el país, se hallan empantanadas y sin perspectiva de avance, en gran medida porque el clima electoral ya se instaló en la sociedad. Esto lleva a que a la hora de tener que votar, un legislador o un ministro, empiecen a considerar en forma más prevalente las consecuencias electorales de esas medidas, el eventual impacto que las mismas puedan tener en su futuro político, por encima de lo que son las verdaderas necesidades del país.

Por poner ejemplos se puede mencionar la reforma del Código del Proceso Penal, la ley de descentralización, la reforma educativa, la reforma del Estado (si, la famosa "madre de todas las reformas"). Esta última es ilustrativa de los efectos perniciosos del clima electoral permanente en la función de gobierno. En momentos en que sólo se habla de candidaturas y encuestas, es fácil imaginarse las pocas ganas que tendrá un legislador de meter cuchillo en un tema delicado, que puede provocar la ira de un gremio influyente como el de los funcionarios públicos.

Como prueba de hasta donde llega este problema, en nota publicada en El País el 18 de febrero de 2008, la senadora Topolansky decía: "nos guste o no, el tema electoral ya se instaló. Hay que luchar para que la productividad legislativa no baje". Estamos hablando de declaraciones hechas a 20 meses de las elecciones más próximas. Pero hay que dejar en claro dos cosas. Este no es un tema de partidos, excede a los grupos, para ser un problema nacional. Y está bien que en todo país democrático pasan cosas similares. Pero en Uruguay da la sensación que ya se está exagerando.

En algún momento el país tendrá que analizar hasta donde le sirve que los gobiernos que elige, solo ejerzan efectivamente ese mandato menos de dos terceras partes del plazo otorgado. Porque el resto del tiempo está demasiado preocupado por ver como hace para que no lo saquen.