Casas de veraneo quedarían excluidas en ley de patentes

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

Quienes residan en Montevideo no podrán empadronar sus autos en el departamento donde tengan su casa de veraneo, si se transforma en ley el proyecto de patentes del diputado frenteamplista Alfredo Asti aprobado ayer en comisión.

En medio de una polémica con la bancada del Partido Nacional, los diputados del Frente Amplio votaron ayer en la Comisión de Legislación el proyecto de ley que obliga a empadronar los vehículos en el departamento donde se reside, se trabaja, o se tienen intereses económicos (actividades empresariales).

El texto señala que "el hecho generador del tributo" (Patente de Rodados) será "el domicilio permanente del titular del vehículo". Y excluye las casas de veraneo, lo cual cambiaría sustancialmente el panorama para muchos contribuyentes. Quienes viven en Montevideo y tienen viviendas de descanso en Colonia, Canelones, Maldonado, Rocha por ejemplo, no podrían tener sus autos empadronados en esos departamentos.

El texto será sancionado la próxima semana en la Cámara de Diputados, afirmó Asti, y en el Senado antes de fin de año. Ayer, los blancos votaron en contra. Una iniciativa del diputado blanco Luis Lacalle Pou prevé un concepto más "amplio" del domicilio para empadronar. El texto del legislador herrerista señala que se podrá considerar el domicilio laboral, la residencia habitual, y también la casa de veraneo.

SANCIONES. El proyecto de ley que impulsa el Frente Amplio señala que las intendencias podrán retirar los vehículos de circulación e iniciar acciones judiciales contra sus propietarios en caso de constatar, por segunda vez, un empadronamiento en otro departamento. En el caso de la falsificación de documentos, se faculta a las administraciones departamentales a accionar por las responsabilidades penales.

El diputado nacionalista Álvaro Lorenzo consideró que el proyecto de Asti tiene "agujeros jurídicos", e indicó que la prohibición de circular significa, en los hechos, "la incautación de los vehículos", algo que también ha sostenido Daniel Graffigna en su condición de edil departamental. Asti consideró "incorrecto" usar el término "incautación", y dijo que "simplemente se llevará el auto a donde la persona diga, para que quede depositado".

"INCONSTITUCIONAL". Lorenzo fue más lejos. Indicó que la ley apoyada por el Frente Amplio es "inconstitucional". "Se mete en un tema claramente municipal", más allá de que exista un acuerdo en el Congreso de Intendentes para votar la norma. El diputado nacionalista opinó que se trata de "la ley más desastrosa de esta legislatura y de muchos años para atrás".

"Es un desastre gramatical y un colador jurídico", sentenció. Al margen de estas apreciaciones, el Frente Amplio piensa hacerle algunas modificaciones de redacción en sala.

El texto aprobado ayer en comisión señala que la autonomía de los gobiernos departamentales para decretar y administrar los recursos está limitada a su jurisdicción.

"A pesar de eso, el diputado blanco Carlos González Álvarez dijo esta semana que la gente tiene derecho a empadronar donde sea más barato. Casualmente el diputado es de Colonia", ironizó Asti.

RETROACTIVO. El proyecto del diputado Asti es retroactivo para los autos empadronados o reempadronados desde el 1° de enero de 2008.

Los contribuyentes que hayan matriculado o reempadronado su vehículo a partir de esa fecha, dispondrán -según la iniciativa- de un plazo máximo "hasta el 31 de diciembre de 2008 para regularizar su situación respecto a la readecuación del empadronamiento". Sin embargo, la fecha límite podría ser modificada en sala.

Cambio de matrícula "ilegítimo"

El diputado herrerista Luis Lacalle Pou afirmó ayer que el cobro por el cambio de matrículas en Canelones es "ilegítimo" y podría ser "inconstitucional". "No hay norma jurídica que establezca que se puede cobrar. El decreto fue aprobado pero no está promulgado, así que carece de valor jurídico", dijo. Por otro lado, si se cumpliera el proceso de promulgación de la norma, "creemos que es ilegal, porque es un impuesto disfrazado de tasa. Y para crear un nuevo impuesto se necesita una ley nacional", consideró. "Es un impuesto porque lo que se cobra no guarda equivalencia racional con el precio del material más algún servicio administrativo. Las cha- pas cuestan $ 500 o $ 550 y la Intendencia de Canelones cobra $ 1.569". Por eso, si el decreto se promulga, "lo vamos a recurrir por inconstitucional e ilegal", afirmó.

Exigentes en probar residencia

"Las casas de veraneo no son domicilios permanentes", dijo a El País el impulsor de la iniciativa, Alfredo Asti. El proyecto prevé que los titulares de automóviles deberán presentar, ante la Intendencia correspondiente, una declaración jurada y certificado notarial acreditando el domicilio. El escrito notarial podrá ser sustituido por otro medio probatorio como pueden ser constancias de domicilio, facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen, en forma fehaciente, el domicilio particular o laboral del interesado.