Canelones: peritaje dice que intendencia pudo pagar aumentos

EDUARDO DELGADO

Una pericia contable a estudio de la Justicia indica que la Intendencia de Canelones tenía disponibilidad de dinero para pagar lo que adeudaba a sus funcionarios hasta 2005. Hay unos 1.500 empleados en juicio por más de US$ 20 millones.

Más allá del déficit de la intendencia de Canelones, en el período 2002-2005 tenía disponibilidad de tesorería para afrontar las actualizaciones por IPC de los funcionarios municipales, previstas en la ley presupuestal, según una pericia contable ordenada por la Justicia a pedido de la propia comuna.

La pericia fue incorporada a una de las decenas de juicios de funcionarios municipales canarios, que reclaman esas actuaciones por IPC entre 2002 y 2005. La contadora respondió dos preguntas: si había disponibilidad de tesorería para pagar las actualizaciones y si de haber pagado las actualizaciones hubiera crecido el déficit del municipio.

El abogado que representa a los funcionarios en ese caso, Diego Iglesias, sostuvo que la falta de disponibilidad de caja era el principal argumento de la comuna y que con esta pericia el mismo pierde sentido.

Sin embargo, para Jorge Cerdeña, asesor jurídico de la Intendencia de Canelones, la pericia es favorable al Municipio. "Hay pericias que pidió la Intendencia y concluyen que no había disponibilidad de tesorería en el período pasado que permitiera hacer frente a esos aumentos que hoy se reclaman", dijo el asesor jurídico.

Cerdeña informó que las autoridades de la Intendencia analizaron la pericia "porque es de gran trascendencia para el resultado final del juicio".

el informe. En sus conclusiones, la pericia realiza un detallado informe sobre las disponibilidades de tesorería del Municipio desde enero de 2002 a septiembre de 2005, que tiene en cuenta todas las existencias de dinero en efectivo, cheques al cobro, saldo en cajas de ahorros y cuentas corrientes bancarias.

La pericia aclara que los déficits acumulados nunca pudieron ser neutralizados en todo el período estudiado. Añade que "el otorgamiento de dichos aumentos hubiera incrementando el déficit en los mismos valores más los correspondientes cargos por leyes sociales (aportes patronales) que representan dichos aumentos".

deuda. En 2002, la administración de Tabaré Hackenbruch dejó de otorgar los aumentos previstos en la ley presupuestal.

Tras asumir la Intendencia, Marcos Carámbula se negó a pagar esa deuda y entonces comenzaron a presentarse juicios contra el Municipio, los que se calculan abarcan a unos 1.500 funcionarios.

Los abogados del Municipio sostuvieron que los demandantes no agotaron previamente la vía administrativa. Los profesionales también adujeron que según una ordenanza de la Junta Departamental los aumentos por IPC se pagarían si había disponibilidad de tesorería. "En la medida que no había disponibilidad de dinero no se abonaban las diferencias salariales que hubieran correspondido", expresó Cerdeña.

El monto de lo reclamado supera los US$ 20 millones.

Acuerdo vigente

En enero de 2006, el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, firmó un acuerdo con el gremio de funcionarios municipales. Dicho acuerdo consagró la estabilidad laboral de los municipales y ajustes salariales. El gremio marcó que algunos puntos que no se estaban cumpliendo ahora fueron acordados, entre ellos la no renovación de contratos.