Un año de Botnia

La planta de celulosa de Botnia cumplió su primer año de funcionamiento y los números que alcanzó fueron altamente positivos: con una producción diaria que oscila entre las 2.800 y las 3.000 toneladas, se exportó por un total de 850.000 toneladas, que fueron trasladadas en 11 barcos con destino a Asia y otros 24 para Europa.

Se estima que unas 3.500 personas trabajan en la cadena forestal (forestación, logística, vivero y puerto), de las cuales unas 800 lo hacen directamente en el predio de Botnia.

La planta se encuentra hoy detenida a efectos de la realización de trabajos de mantenimiento y las inspecciones de garantía. Durante estos 12 meses de actividad, todas las mediciones llevadas a cabo no mostraron daños al medio ambiente. Actualmente hay funcionando 16 estaciones de monitoreo en el Río Uruguay, cinco laboratorios y tres torres de control de aire. Incluso se conoció un estudio encomendado a la Universidad de Buenos Aires por la provincia de Entre Ríos, que coincide en que el funcionamiento de Botnia se realiza dentro de los parámetros normales y no ha detectado ningún síntoma de contaminación.

Queda pendiente sin embargo, el tema de las relaciones con el gobierno argentino y la intransigencia de los piqueteros de Gualeguaychú que mantienen cerrado el puente internacional a la altura de Fray Bentos, lo que hace presumir que entre uno y otro no hay mayores diferencias en la forma de pensar y actuar.

Tal como viene la mano será necesario para los uruguayos un poco más de paciencia y esperar hasta el fallo de la Corte Internacional de La Haya y que, en caso de que le sea adverso, el gobierno argentino lo acate. Porque lo que queda una vez más de manifiesto a la luz de los resultados de Botnia, es que el diferendo entre ambos países no es una cuestión ambiental, sino que son intereses comerciales los que han motivado a actuar a los Kirchner y los piqueteros. Que detrás de esta sinrazón está la rabia provocada por haber sido desestimados para una millonaria inversión.

Para Uruguay fue la culminación de una política de Estado iniciada por Lacalle, mantenida por Sanguinetti y Batlle, que Vázquez supo defender.