Pericia contable definirá la investigación a Casal

EDUARDO DELGADO

Una pericia que realizará un contador forense será decisiva para la definición que sobre la denuncia penal de la DGI contra el Grupo Casal tomen juez y fiscal del caso. Ayer, Francisco Casal declaró extensa y detalladamente sobre sus negocios.

A las 18.30, cuatro horas y media después de haber entrado al juzgado penal de primer turno, Francisco Casal se retiró sin hacer declaraciones a los periodistas de diversos medios de comunicación que lo aguardaban. Pero dentro de la sede judicial, Casal habló largo y tendido, explicó detalladamente la operativa del grupo económico que dirige y respondió las preguntas que al respecto le realizaron el juez Carlos García y la fiscal Dora Domenech.

Según el empresario, nunca le ocultó nada a la Dirección General Impositiva (DGI), no la engañó, ni buscó simular la verdadera naturaleza de las operaciones que realizaba.

Afirmó que desde el año 2002 -en que fue la primera actuación administrativa de la DGI sobre su grupo- hubo múltiples reuniones con funcionarios de la Impositiva, por lo que este organismo no puede alegar que ignoraba sus operaciones y la manera en que las concretaba.

Casal presentó una consulta del economista Jorge Caumont y documentos "que acreditan que DGI desde el año 2002 trabaja en este tema, "por lo que no puede alegar en el 2008 un desconocimiento de la operativa, si hace seis años que trabaja teniendo a la vista todos los contratos de Casal en la venta de jugadores al exterior", afirmó el abogado Carlos Curbelo.

Con el testimonio de Casal, quien junto a integrantes y ex integrantes del grupo económico que encabeza fue denunciado penalmente de defraudación tributaria por la DGI, terminó la primera etapa de indagatoria sobre este caso.

En el transcurso de la semana están previstas las declaraciones de dos denunciados en este expediente que resta tomar, pero no se prevé que aporten nuevos datos de relevancia.

pericia. En la declaración de Casal de la pasada jornada estuvo presente el contador Marcelo Arámbulo, perito contable del Instituto Técnico Forense (ITF), quien elaborará un informe sobre lo denunciado por la DGI. Dicha pericia será un elemento fundamental para el juez y la fiscal, quienes definirán si el Grupo Casal incurrió en defraudación tributaria.

Las posiciones sobre si se cometió ese delito son diametralmente opuestas entre la DGI y los denunciados, quienes aseguran no haber delinquido e incluso sustentan su posición en numerosas consultas de destacados catedráticos de Derecho e informes de consultoras.

engaño. A la salida del juzgado, la fiscal Dora Domenech explicó claramente que en este caso lo que debe definirse es si Casal y los otros denunciados actuaron con engaño para no pagar impuestos.

Domenech aclaró que "para que haya defraudación tributaria es necesario que haya dolo. Aún no puedo decir que en este caso lo hubo o no".

"Dolo sería conciencia y voluntad de una estratagema engañosa que no puedo asegurar a esta altura de las circunstancias que la hubiese habido o no", agregó. "En el ámbito penal lo que tenemos que evaluar es si hubo una estratagema engañosa, si hubo una maniobra para no pagar impuestos. No basta con la simple convicción o con el convencimiento de parte del señor Casal de no pagar los impuestos", expresó Domenech.

Libertad. La fiscal informó que Casal no tiene dispuesto un cierre de fronteras judicial, por lo que puede salir y entrar al país las veces que lo desee. Adelantó que, antes de decidir las pruebas que solicitará, analizará el expediente administrativo, los testimonios recabados y el informe del perito contable del ITF.

Entre las pruebas que puede solicitar está el levantamiento del secreto bancario de Casal y la declaración de Eduardo Zaindensztat, quien fue director de la DGI durante la mayor parte de la investigación al Grupo Casal, pero que había dejado el cargo cuando el organismo pidió el embargo del contratista.

En escuetas declaraciones, el juez Carlos García afirmó que requerirá prueba documental y que el asesor de la sede ( Arámbulo) emita un informe. "Pienso que unos meses puede estar resuelto", concluyó.

Para el abogado de Casal, Carlos Curbelo, éste "dejó bien en claro que no hubo de parte de él ni ocultamiento ni engaño" y "su conducta no merece reproche penal". Dijo que se trata de "diferencias de criterio". Casal "entiende, por lo que sus asesores le han dicho, que el impuesto no lo debe porque los hechos generadores del tributo no se dan y la DGI sostiene lo contrario", concluyó.

Fotos con fans y un pucho en el celdario

Francisco Casal es un personaje público, y eso se notó ayer en el Juzgado. Mientras en la sala de espera aguardaba para declarar, varias personas se le acercaron para saludarlo y sacarse fotos junto a él.

El contratista accedió a los requerimientos y los celulares con cámara digital lo registraron junto a mujeres y niñas. Debido a lo extenso de la audiencia de ayer, de común acuerdo juez y fiscal decidieron realizar un cuarto intermedio. Casal quiso fumar en la sala de espera, pero como en todo edificio público está prohibido fumar, le permitieron ir al único lugar del Juzgado en que sí se puede encender un cigarrillo: el celdario. Casal no tuvo inconveniente y allí fumó antes de retornar a la audiencia.

El contratista también declaró sobre jugadores del fútbol uruguayo, sus características y su lucha por darles conciencia de mercado. También hizo referencia al ingreso de divisas que sostiene le generó al país en los últimos 10 años.

La justicia civil y su expediente

En paralelo a este caso, otro expediente judicial se tramita en la Justicia Civil, en el que la DGI acusa al Grupo Casal de deber impuestos. A pedido de la DGI, la jueza civil Loreley Opertti embargó a miembros y ex miembros de ese grupo por US$ 25 millones. Los demandados objetaron el embargo, sostuvieron que existieron irregularidades en el proceso administrativo de la DGI, lo que incluyó la adulteración de un documento. Pero la magistrada Opertti desestimó esos argumentos y ratificó el embargo, que la DGI pretende se amplíe a US$ 104 millones.

El expediente pasará a un tribunal de apelaciones penal, que analizará el caso y deberá resolver si mantiene o revoca el embargo dispuesto por la jueza de primera instancia. Luego, el expediente regresará nuevamente a la jueza Opertti, quien tras los testimonios y las pruebas que recabe, resolverá si los embargados deben o no los tributos que la DGI afirma adeudan -el IRIC y el IRAE- por la transferencia de futbolistas al exterior del país.