Denuncia a cambios por defraudación

La Dirección General Impositiva (DGI) denunció por defraudación tributaria a casas de cambios de Montevideo que fueron investigados en el marco de la Operación Hydra, referida a la compra y venta de metales preciosos, lo que está permitido en Uruguay pero es ilegal en Argentina y Brasil.

El director general de Rentas, Nelson Hernández, fue quien presentó la denuncia ayer en el Juzgado de Young, donde continúa la investigación sobre tráfico de oro y plata, lavado de activos y defraudación tributaria.

"Fuimos citados por el señor juez y venimos a informarle sobre las conclusiones del análisis de la documentación que nos fue proporcionada", dijo Hernández al ingresar al Juzgado.

Para Hernández este caso representa "trabajar en conjunto con otra dependencia del Estado, en procura de una mayor transparencia en la forma de operar. Hasta el momento se han radicado dos denuncias".

Una de las denuncias está vinculada con la operación de cambio de dinero de manera irregular y la otra directamente con la investigación central sobre comercialización de metales preciosos.

La fiscal Ana Monteiro analiza la vinculación de éste caso con el de lavado de activos y pidió nuevas pruebas que en la pasada jornada fueron aportadas por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Los responsables de una conocida casa de cambio de Montevideo y otros empresarios vinculados a la operativa de compra y venta de metales preciosos fueron emplazados por el Juzgado de Young.

Hasta el momento, fiscal y juez consideran que no hay pruebas de que se haya incurrido en lavado de activos y tráfico de metales preciosos, pero siguen indagando.

PROCESADOS. El martes, el juez de Young, Mario Suárez Suñol, procesó sin prisión a un hombre y una mujer, responsables de una casa de cambio de esa ciudad. Les tipificó los delitos de defraudación y desacato.

El magistrado les impuso medidas sustitutivas, con arresto domiciliario durante los fines de semana y prestación de servicios comunitarios durante seis meses.

La DGI trabó embargo genérico contra los bienes de los procesados, por un monto aproximado al millón de dólares, teniendo en cuenta la operativa desde el año 2004.