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Crisis. Directiva busca zafar de la nueva ley de quiebra
FEDERICO CASTILLO
El SMU evalúa declarar al Casmu en concordato y comenzar a negociar deudas con los acreedores antes que se les aplique la nueva ley de quiebras que ayer aprobó el Parlamento. La norma entraría en vigencia diez días después de su promulgación.
En la noche del martes, el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) resolvió que uno de los caminos para afrontar la crisis de su centro asistencial es la de declararse en concordato.
La opción todavía no se oficializó, pero en el seno médico se valora como una posibilidad cierta e inmediata. Sobre todo para evitar que se les aplique la nueva ley de Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial (conocida como ley de quiebras y concordato).
Los médicos entienden que dicha norma implica un "desplazamiento de las autoridades" y habilita a que los funcionarios oferten para adquirir una parte o la totalidad de la empresa.
La Cámara de Diputados aprobó ayer una modificación que supone el aceleramiento de su entrada en vigencia: en lugar de ser en abril -como estaba previsto en un principio- será en los próximos días.
Fuentes del Sindicato Médico dijeron a El País que se maneja la idea de declarar al Casmu en concordato, mientras no entre en vigencia la nueva ley, porque la actual tiene "aspectos menos agresivos hacia la empresa".
Además, señalaron, es una nueva forma de "marcar presión" al gobierno. Es que por más que la reunión con Tabaré Vázquez del lunes pasado "haya sido una reunión auspiciosa, en concreto no nos llevamos muchas cosas", señalaron las fuentes médicas.
Existe cierto malestar en el gremio de los galenos porque se condicionó la ayuda del gobierno a una serie de exigencias a largo plazo cuando "el dinero se necesita ya".
En la reunión con el gobierno, el Poder Ejecutivo planteó a la Junta Directiva del Casmu y a los representantes del SMU la posibilidad de gestionar un préstamo puente de $ 215 millones a través del Banco República del Uruguay (BROU). Este dinero le daría a la mutualista un oxígeno por cuatro meses mientras se evalúa la herramienta del fideicomiso como salida final para licuar el pasivo de US$ 90 millones que tiene la institución.
Sin embargo, el presidente del BROU, Fernando Calloia, advirtió que el Casmu no posee la calificación crediticia como para acceder a un préstamo. Y los médicos entienden que no pueden esperar a cumplir una serie de exigencias gubernamentales para obtenerlo.
El Poder Ejecutivo planteó una serie de condiciones para gestionar el préstamo y aprobar la creación de un fideicomiso con fondos del sistema previsional AFAP.
Las exigencias centrales son la separación de la mutualista del SMU y la necesaria reestructura interna de la institución, lo cual implicaría un ahorro mensual de $ 33 millones. El presidente del SMU, Alfredo Toledo, dijo a El País que "ya se comenzó a discutir en profundidad" la separación del sindicato del Casmu. Se encomendó a los asesores jurídicos que elaboraran un informe sobre las posibilidades de separación de la mutualista, su viabilidad jurídica y los eventuales caminos que hay que transitar para que esa separación se pueda completar.
"Vamos a tener informes completos de lo que se precisa, si es una ley, si son dos leyes. Información total antes de dar algún paso", señaló Toledo.
COMPLEJO. Según el director de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Camilo Martínez Blanco, el hecho de que el SMU se ampare en la actual ley de concordatos y no en la de futura promulgación también tiene sus complejidades para la mutualista.
"La actual norma también prevé la designación de un interventor, y eso implica que cuando el gremio quiera realizar una asamblea tiene que pedir autorización al interventor y al juez, no es muy racional", señaló Martínez Blanco.
Agregó que de esta manera el gremio pierde autonomía y se produce una injerencia indebida.
Martínez Blanco recordó, además, que el concordato se aplica a las empresas comerciales y no es el caso concreto del SMU, que es una asociación civil y éstas se rigen por el Código General de Proceso.
"El procedimiento que se tiene determinado para estos casos es el concurso civil voluntario", explicó.
Según el gremio de funcionarios del Casmu, la Junta Directiva de la mutualista habría resuelto de forma unilateral que en la próxima liquidación de sueldos ya estén incluidos los recortes de aproximadamente un 30% para los funcionarios no médicos. Esto despertó la indignación de los trabajadores. Consideran a la medida como "ilegal" ya que no hubo una negociación previa. Según fuentes del Casmu la medida aún no habría sido tomada y estaba sujeta a discusión por parte de los integrantes de la Junta.
De todas formas, la secretaria de la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), Cecilia Miller, dijo a El País que el escenario se presenta como "muy complejo" y que de confirmarse esta situación se profundizarán medidas. Hoy se analizará el tema. Además, existe preocupación en el gremio por el no pago de salarios de las franjas más altas.
Restricción en las inversiones por un plazo aproximado de ocho meses ($ 2.000.000).
Reestructura y racionalización del área comercial del sanatorio ($ 750.000).
Suspender obras centrales y de mantenimiento, cierre del taller de obras ($ 616.000).
Reestructura del área de registros médicos, priorizar secciones ($ 171.000).
Ajuste y control sobre el pago de horas extras a funcionarios ($ 300.000).
Cerrar, a partir de noviembre, el ingreso a nuevos funcionarios ($ 250.000).
Reducir la masa salarial de los funcionarios no médicos (Ahorro: $14.000.000 por mes).
Envío a seguro de paro a 93 funcionarios con casual jubilatoria ($ 4.000.000).
Modificar los distintos departamentos médico quirúrgicos en sanatorio ($ 1.820.000).
Mejora en los mecanismos de compra y utilización de medicamentos ($ 600.000).
Descentralizarla de los sanatorios y tercerizar entrega de los medicamentos a domicilio
( $ 680.000).
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