Obispos analizan en Florida excomunión por apoyo al aborto

EDUARDO DELGADO

La Conferencia Episcopal, que reunirá a todos los obispos, analizará esta semana en Florida la situación de los legisladores católicos que voten la ley de salud reproductiva -que despenaliza el aborto- y puede recomendar su excomunión.

De lo contrario, dependerá de cada obispo y del arzobispo Nicolás Cotugno si toman esa medida con los integrantes de su comunidad que voten la despenalización del aborto. Previamente deberán intentar que la persona cambie de posición, de lo contrario corresponde la excomunión.

Como hay legisladores de todo el país, suma fuerza entre los obispos la opinión de marcar pautas comunes en este tema, lo que comenzaría a estudiarse formalmente el jueves.

La segunda asamblea plenaria anual de los obispos, que conforman la conferencia Episcopal, se inicia mañana en Florida.

La excomunión es considerada la pena más grave en la Iglesia, por eso el Código de Derecho Canónico recomienda establecerla con máxima moderación y solo contra los delitos más graves.

Sobre toda persona que comete un aborto o colabora en ello -pagando o apoyando- recae una pena de excomunión ipso facto. Sin embargo, en el caso de los legisladores que voten la ley que deja sin sanción penal al aborto, la posición de los obispos consultados es que debe haber una decisión de excomunión del obispo de la jurisdicción del parlamentario.

En la reunión de obispos en Florida, este tema será estudiado y de allí pueden salir recomendaciones o pautas a aplicar en todo el territorio.

"El aborto se considera en la legislación de la Iglesia, es algo suficientemente grave como para que quien lo cometa, sin necesidad de mayor declaración, se aparte de la comunión con la Iglesia", expresó a El País el obispo de Melo, Luis del Castillo.

"El tema legislativo es mucho más complejo y habrá que ver los hechos antes de pronunciarse. En principio no será un mecanismo automático y eso supone un procedimiento", agregó.

las formas. Hay dos formas de excomunión: una mediante una sentencia dictada, que obliga al sujeto sobre el cual recae desde que se le comunica la decisión; y otra se aplica desde que la persona comete el delito.

En el primer caso se requiere el decreto de un obispo o sentencia de un tribunal eclesiástico que declare la situación de excomunión. En el segundo caso no es necesaria una "declaración de legítima autoridad" para estar obligado a cumplir la pena. Se entiende que el juicio lo hace el individuo con su acto.

Para la legislación de la Iglesia, hay que agotar los medios de reconciliación antes de imponer una pena. No se puede decidir una censura entre las que se cuenta la excomunión, si no se ha amonestado a la persona implicada al menos una vez, sin que se haya hecho una advertencia antes para que abandone su posición.

Luis del Castillo hizo hincapié en la necesidad de intentar la reflexión del individuo y su cambio de posición, previo a una sanción.

Señaló que la consecuencia de la excomunión es limitada a la práctica de los sacramentos, recordó que globalmente el 5% de la población en Uruguay va a misa, por lo que serían muy pocos los parlamentarios a que afectaría. "Al bautizado que nunca va a misa, si yo le digo que no puede comulgar porque está actuando de modo contrario a la forma de pensar de la Iglesia, no le va importar ni afectar", sostuvo.

"La excomunión se decide cuando han sido infructuosas las tentativas de modificar la postura o la actitud, cuando hay una contumacia, una persistencia", afirmó en el mismo sentido el obispo de Salto, Pablo Galimberti.

La finalidad de la pena de excomunión para la Iglesia es "medicinal". O sea que busca curar la postura asumida, modificándola.

Su objetivo no es meramente apartar, sino que la persona reflexione y reconsidere su actitud, al estar en desacuerdo con un punto tan importante para la Iglesia Católica.

La medida se entiende que es transitoria y queda sin efecto la excomunión cuando el afectado muestra señales de cambio en su posición que la Iglesia considera equivoca.

En Estados Unidos, algunos obispos han aplicado negar la comunión a legisladores que son partidarios de legalizar el aborto o la eutanasia.

Castillo y Galimberti, con décadas dentro de la estructura eclesiástica, no recuerdan casos de excomunión en Uruguay.

Reacciones

Semproni: "Contra el aborto y voto la despenalización"

Soy católico practico y tengo un hijo religioso. Voy a votar la despenalización del aborto porque estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy en contra del aborto por razones éticas, morales, humanas y religiosas. Una cosa es estar en contra del aborto que es deplorable, pero no puede esto significar que se penalice a quien accede a él y no al ejecutor del aborto que es el criminal en definitiva. Y convoco a Cotugno, o a otro obispo a debatir este tema".

Cánepa: "No comparto el fundamento de la ley"

Soy de formación católica. Comparto la necesidad de despenalizar el aborto, pero no el fundamento en que se basa esta despenalización, aunque sí la ley en general. No voy a votar en contra porque hay una decisión del sector de apoyar esto. Los valores de la Iglesia son para persuadir y convencer, cuando la Iglesia ha querido intentar castigar ha sido la peor parte de su historia".

Nuevas críticas a Nicolás Cotugno

Mujeres del sistema político, del gobierno y de organizaciones que respaldan la ley de salud reproductiva, emitieron un comunicado ayer en rechazo y repudio de las declaraciones del arzobispo Nicolás Cotugno, que consideran interfieren "en la vida democrática del país, buscando amedrentar a representantes del poder legislativo amenazándoles de excomunión si votan a favor del proyecto de ley en defensa al derecho a la salud sexual y reproductiva".

Las firmantes -entre las que hay senadoras, diputadas, edilas y dirigentes sindicales- consideran que la posición de Cotugno "viola el principio de laicidad del Estado uruguayo buscando imponer hegemónicamente la creencia y posición de la jerarquía eclesial en asuntos que el pueblo uruguayo y sus representantes deben definir libre y democráticamente".

"Pero, además, con esas actitudes autoritarias tampoco dan cuenta de la sensibilidad y humanidad que la mayoría de los y las creyentes tienen en el ejercicio de una religiosidad en asuntos vinculados a la sexualidad y la reproducción mucho más próxima a las realidades humanas", agregan.

El comunicado señala que la mayoría de la ciudadanía uruguaya, incluyendo a los creyentes, está de acuerdo en el uso de métodos anticonceptivos, la educación sexual y en que la ley vigente que penaliza el aborto "no ha dado respuesta a ninguna de las mujeres que cada veinte minutos siguen teniendo que recurrir al circuito clandestino para resolver la situación".

"Más allá de si a nivel personal cada quien tiene una posición tomada en relación a si practicaría o no un aborto en caso de enfrentarse a un embarazo no esperado, el debate hoy se centra en si el sistema político será capaz de afrontar el desafío con la enorme responsabilidad que tiene en sus manos", expresa la nota.

"Las mujeres ya no admitiremos que nuestros cuerpos, nuestros derechos y nuestras decisiones sean territorio de dominación de los poderes que históricamente han pretendido controlarlos", agrega el comunicado de las mujeres.