Primer fallo de culpabilidad en el caso Guido Antonini

DANIEL HERRERA LUSSICH

En WASHINGTON

CORRESPONSAL PERMANENTE

Los doce miembros del jurado declararon ayer culpable al empresario venezolano Franklin Durán, 41 años, el único de los cuatro acusados que ha mantenido firme su alegato de inocencia en el caso del "valijagate", con ramificaciones en Uruguay.

Durán llegó temprano al juzgado federal de Miami, vestido de impecable traje azul y corbata roja, acompañado de su abogado defensor, Edward Shohat, y los familiares más allegados. Salió horas más tarde, con destino a la prisión en el "down town" de la ciudad, esposado y con grilletes en los tobillos, mientras una hermana suya, en un mar de lágrimas, lo abrazaba e intentaba impedir que lo introdujeran en un vehículo policial.

El 12 de enero la jueza Joan Lenard dará a conocer la sentencia de Durán que podría alcanzar una pena máxima de prisión de 15 años.

Los otros acusados, que aceptaron desde las primeras instancias la culpabilidad y se mostraron dispuestos a colaborar -los venezolanos Moisés Maiónica y Raúl Kauffman, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello-, quedaron a la espera de la resolución judicial, aunque en el ambiente del juzgado, se especulaba que la pena no sobrepasaría los 5 o 6 años.

A todos se les acusa de conspiración y actuar como agentes encubiertos del gobierno de Venezuela, sin la autorización legal necesaria de la Fiscalía de Estados Unidos, con el cometido de "silenciar" el origen y destino de los US$ 800 mil incautados en un maletín en la madrugada del 4 de agosto de 2007 en la aduana del aeropuerto de Ezeiza.

La conexión uruguaya. Los acusados y Guido Alejandro Antonini Wilson, también venezolano, integraban un grupo de empresarios "amigos y socios", con fuertes negocios en Venezuela y en otros países latinoamericanos, sin mayores escrúpulos en sus actividades, como quedó en evidencia en el juicio, algunos de ellos confesos de sobornar a funcionarios de empresas estatales y gobernadores venezolanos para facilitar la adjudicación de licitaciones y la administración de obras públicas de costo millonario.

Antonini Wilson, que en el episodio de la aduana del aeropuerto de Buenos Aires se declaró propietario del maletín con los US$ 800 mil, fue el que aportó, después de un acuerdo con el FBI, apenas regresó de Argentina, las pruebas más terminantes al fiscal y jurado de Miami.

En sus testimonios en sala, ante la interrogante del abogado defensor, señaló que pagaba los honorarios de sus abogados con dinero que había recibido de sus negocios en Montevideo, exclamando ante el magistrado: "¡Uruguay es una mina de oro!".

Antonini visitó seis veces Uruguay, mantuvo contactos con la empresa de viviendas prefabricadas Umissa, que negocio con el gobierno venezolano la venta de 12 mil kits por US$ 156 millones. En este acuerdo intervino Franklin Durán, como aval, a quien según el abogado "lo estafaron". No recibió un peso (le tocaba el 60% de las utilidades) de las comisiones giradas desde Uruguay a cuentas en el exterior del mencionado Antonini y su esposa. El maletero visitó la empresa de viviendas junto al gobernador de la provincia venezolana de Cojedes, acusado de recibir sobornos durante los alegatos en el juicio.

La conexión argentina. En la sala de audiencias de Miami quedó de manifiesto que el dinero del maletín había salido de las arcas de la empresa petrolera venezolana (Pdvsa) con destino a financiar la campaña electoral de la hoy presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

En cambio aún subsisten las dudas sobre el titular o propietario de la maleta con el dinero. El juez y fiscal de Miami no demostraron demasiado interés en dilucidar el oscuro asunto. Se considera que el tema comprende a los gobiernos o a la justicia de Argentina y Venezuela. Antonini, quien se reconoció como el propietario de los US$ 800 mil ante la policía aduanera de Buenos Aires, luego en el juicio negó terminantemente y acusó de ser el "auténtico maletero" a un representante de Obras Viales argentino, Carlos Uberti, persona de confianza del matrimonio Kirchner, y al cual señaló como portador de otra valija, que sorteó la aduana sin inconvenientes, con otros US$ 4,2 millones.

La intervención estadounidense nació cuando se publicitó en la prensa el episodio del maletín y las autoridades del FBI sospecharon de estar frente a un posible trasiego de fondos del narcotráfico.

La aparición en escena de Durán y los otros tres acusados, surgió cuando Antonini Wilson volvió a Miami desde Argentina y ellos fueron enviados por el gobierno de Venezuela (a través del jefe de los Servicios de Inteligencia de Hugo Chávez, Rangel Silva), con el cometido de "evitar que confesara el origen y destino del maletín". A cambio de su silencio y de asumir la propiedad de los US$ 800 mil recibiría una compensación de US$ 2 millones.

En medios judiciales de Miami se esperaba recibir de Venezuela y Argentina los pedidos de extradición de Antonini y de Uruguay un exhorto para obtener todas las informaciones que existen en poder del Juzgado sobre las actividades y negocios del maletero en Montevideo.