Tribunal: déficit global de municipios es de US$ 280:

EDUARDO BARRENECHE

Alrededor de US$ 280 millones es el déficit acumulado de las intendencias a diciembre del 2007, según 19 auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Esa cifra equivale a un 43% de la recaudación 2007-2008 del IRPF.

Los dictámenes del organismo de contralor, que examinaron la Rendición de Cuentas 2006 y el balance de ejecución presupuestal de los municipios correspondientes al 2007, muestran que la comuna canaria es la que posee el mayor déficit acumulado ajustado: US$ 137 millones al tipo de cambio promedio del año pasado.

La siguen Montevideo (con US$ 53 millones); Rocha (US$ 24 millones); Artigas (US$ 21 millones); Maldonado (US$ 16 millones) y Rivera (US$ 16 millones). Estos déficit no corresponden sólo al ejercicio 2007 sino que se arrastran desde gobiernos anteriores.

Las auditorías del Tribunal de Cuentas también señalan que las comunas enfrentaron en el 2007 demandas por US$ 44 millones iniciadas por proveedores, funcionarios, contribuyentes y empresarios que discrepan con los importes que se les cobra por concepto de Tasa Bromatológica. Sólo las intendencias de Río Negro, Soriano, Treinta y Tres, Montevideo y Cerro Largo sufrieron 60 juicios.

Los informes del TCR no cuantificaron la cantidad de demandas que padecieron las restantes intendencias, aunque sí los montos de las mismas. Las comunas que enfrentan montos elevados en juicios pendientes de pago o en trámite son Canelones (US$ 14 millones); Montevideo (US$ 2 millones); Rivera (US$ 2 millones); y Florida (US$ 1.400.000), según los análisis contables del Tribunal de Cuentas.

El caso de Tacuarembó es inusual: se defiende en un juicio de UTE por US$ 23.200.000 por incumplimientos del pago de energía eléctrica.

DEFICIENCIAS. Las auditorías del Tribunal de Cuentas muestran que la mayoría de las intendencias tienen "debilidades" de control interno; cometen "excesos de gastos" o abusan de contrataciones directas de empresas por montos que superan los establecidos por la normativa. El organismo también detectó que hay intendencias que evaden aportes al Banco de Previsión Social en el pago de viáticos, dietas y contrataciones de músicos para festivales o pagan demasiadas horas extras violando lo acordado con la Organización Internacional del Trabajo.

ARTIGAS. Debe pagar préstamos usureros contraídos por la administración anterior colorada por US$ 800.000. Se señala también que el depósito de las matrículas está en un lugar accesible al público.

CANELONES. Las compras "más comunes" de la secretaría del intendente Marcos Carámbula fueron de artículos de alimentación, lo que "desvirtúa" el concepto de caja chica de una repartición municipal, según el TCR. También se detectaron "irregularidades constatadas en varios arqueos", agrega el dictamen.

Maldonado. La intendencia esteña efectuó "adquisiciones en forma directa de artículos por montos superiores" al establecido por las normas administrativas.

LAVALLEJA. No cobra impuesto a los terrenos baldíos.

FLORES. El TCR informó al Banco de Previsión Social que la comuna evadió aportes al liquidar "como becas los honorarios de los integrantes de la banda municipal".

ROCHA. Se constató que funcionarios con contratos vencidos siguen prestando servicios.

SORIANO. La intendencia "no documenta" sus ventas de carne mediante comprobantes oficiales. Además compra carne en carnicerías sin contrato con las respectivas empresas.

TREINTA Y tRES. Existen tributos que se cobran en forma manual, "no incluyéndose" en el correspondiente software.

MONTEVIDEO. El gremio de la construcción firmó un convenio con la IMM donde establecía que se hacía cargo de los aportes patronales del programa. Sin embargo, meses después, la comuna debió pagar al BPS US$ 217.000 porque el sindicato no los abonó. El Sunca todavía no pagó esa deuda.

Tesorero infiel fue remitido

El tesorero de la Oficina de Turismo de Salto fue procesado con prisión luego que se constató que esa repartición cobraba ingresos que no eran comunicados ni vertidos a la Intendencia.

El intendente de Salto, Ramón Fonticiella, ordenó una investigación administrativa tras recibir una nota del Tribunal de Cuentas acerca de lo que ocurrido en Turismo.

"Esto es posible porque no existe control de la documentación en poder de esa oficina ni desde la División Turismo ni desde Hacienda", afirmó un dictamen del organismo de contralor.