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Jerarcas de Medio Ambiente y Botnia declaran desde hoy
El juez Juan Carlos Contarín espera comenzar hoy en la sede Civil de 2° turno a recibir los testimonios de varias personas, algunas a solicitud del fiscal Enrique Viana y otras propuestas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y la empresa Botnia, en el marco de la demanda presentada por el representante del Ministerio Público en 2005, en la que reclama que se condene al Ministerio por omisiones en el proceso de autorización de la planta de la filial de la empresa finlandesa en Fray Bentos.
Entre los testigos estarán la directora de Medio Ambiente (Dinama), la ingeniera Alicia Torres, el responsable de gestión medioambiental de Botnia, Gervasio González, y un ingeniero finlandés que a costo de Botnia viajó a Uruguay para dar su testimonio.
El Ministerio incorporó un muestreo cuyo resultado indica que no hay daño ambiental tras la puesta en funcionamiento de Botnia. Después de los testimonios, Contarín prevé ordenar una pericia, pero no definió el organismo que la cumplirá.
arduo trabajo. Los testimonios serán prestados durante toda esta semana y la próxima, según una estimación hecha por el propio juez Contarín a El País.
También dispuso que se pida información a la Dinama, a las oficinas de Zonas Francas de Aduanas y a la Dirección de Hidrografía.
La denuncia del fiscal Viana solicitó que se declare al Estado uruguayo responsable por omisión en el deber de protección del medioambiente, al tiempo que sostuvo que el levantamiento de esas industrias es incompatible con el "Derecho Ambiental de la República Oriental del Uruguay".
Viana basó su escrito, entre otros documentos, en informes de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Química de la Universidad de la República, así como en las afirmaciones de jerarcas de gobierno en cuanto a que se carece de medios de control para este tipo de empresas.
La instalación de industrias celulósicas no es compatible con el resultado del plebiscito por el agua de 2004, así como supondría "un persistente deterioro para la potabilidad del agua" del río Uruguay, afirmó Viana en su demanda presentada hace ya tres años.
El juez Contarín ya ha estado recibiendo informes de la Cámara de Representantes y del Senado, pero sostuvo que aún falta recibir algunas pruebas solicitadas a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional, lo cual ha demorado excesivamente la llegada de estos datos.
Contarín solicitó actuaciones de los organismos involucrados, como los del Mvotma y de la Armada Nacional.
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