España: ofrece nacionalidad a hijos y nietos de exiliados

EL PAÍS DE MADRID

Los hijos y nietos de españoles que, por razones políticas o económicas, debieron exiliarse entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 tendrán al menos dos años de plazo para optar a la nacionalidad española que perdieron sus antepasados.

Esta histórica medida recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros de España y afectará a medio millón de descendientes de españoles, según el Ejecutivo, y supone la entrada en vigor de la conocida como la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica, justo un año después de la publicación de esta norma.

Otras entidades privadas dedicadas al exilio forzoso de españoles durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco (1939-1975), habían estimado sin embargo a fines de septiembre, que esta ley permitiría a un millón y medio de personas acceder a la nacionalidad española, cifra que el ejecutivo ayer redujo a la tercera parte.

El margen de fechas escogido coincide con el inicio de la Guerra Civil española y el día en el que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fijó como el final de la que denominó como la "inmediata posguerra".

procedimientos. El Ministerio de Justicia ha elaborado una instrucción para fijar el procedimiento burocrático a seguir por los interesados. En ella, señala que estos deberán presentarse en los registros civiles españoles -municipales en el caso de que residan en España o consulares si viven en el extranjero- correspondientes a sus domicilios. Allí les facilitarán los impresos necesarios, incluso para obtener los certificados que les falten. También está previsto que puedan realizar los trámites a través de la página web del Ministerio de Justicia.

Los solicitantes deberán presentar sus certificados literales de nacimiento y los del padre o la madre originariamente españoles y, para el caso de los nietos de españoles, del abuelo o la abuela.

Para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela será suficiente con presentar documentos acreditativos de que éste ha sido beneficiario de pensiones concedidas a exiliados u otros expedidos por oficinas de refugiados o por entidades e instituciones reconocidas o vinculadas con el exilio, e incluso que demuestren su participación en actividades de defensa y protección de los exiliados españoles o que trabaja en la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Todos estos requisitos servirán para identificar a los descendientes de los exiliados políticos -es decir, de aquellos que tuvieron que huir de los franquistas para salvar sus vidas- y que la Asociación de Descendientes del Exilio cifra en torno a 80.000.

Pero la instrucción también introduce entre los beneficiarios de la ley a los descendientes de los emigrantes económicos, que son muchos más (la organización Hijos y Nietos de Españoles calcula su número en medio millón). Lo hace afirmando que el Estado "podrá presumir la condición de exiliado" a favor de todos los españoles que acrediten haber salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 mediante su pasaporte, el registro de matrícula del consulado español, certificaciones diversas del Registro Civil consular o del local del país de acogida o documentación de la época en la que conste su llegada al país.

polémica. La inclusión de los descendientes de emigrantes entre los beneficiarios de una ley claramente política como la de Memoria Histórica ha provocado cierta polémica. Muchos exiliados políticos, aun reconociendo el derecho de todos a la nacionalidad, sienten que esta fórmula iguala el drama de quienes se vieron obligados a huir de España porque se hallaban en peligro de muerte con el de quienes se fueron para escapar de la miseria.

El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, explicó las razones del gobierno para incluir a ambos colectivos bajo el término "exilio". Para el jerarca, fue necesario apelar a un entrecruce "al que debe ser uno sensible" y no pensar con la misma perspectiva de los primeros años de la década de 1940. "La finalidad de la ley es tener sensibilidad con los que fueron injustamente tratados".

Uruguay

Cuando la Ley de Memoria Histórica aún estaba en discusión, este diario publicó el 20 de octubre de 2007 que en Uruguay han nacido aproximadamente unos 50 mil descendientes de españoles que huyeron de su país durante la Guerra Civil y el Franquismo. En Argentina, se estima que hasta 300 mil personas podrían acogerse a esta medida. Cuando la aprobación de esta ley iniciaba su recta final, a fines de septiembre pasado, el canciller de España, Miguel Angel Moratinos, decía que había que preparar a los consulados y embajadas en el extranjero ante la avalancha de solicitudes que se esperan para obtener la nacionalidad.

i Más información. Los trámites pueden hacerse a través del sitio web www.mjusticia.es