"Él no estaba haciendo nada. Tengo una hija; no puedo dejar esto así"

"Tengo una hija de 5 años. No puedo dejar esto así. Ni la cárcel ni la plata van a suplir la falta a sus familiares. Pero reclamamos Justicia, que tengan sentencia y la parte legal", dice Loana Tejera, viuda del joven asesinado en la Seccional 12ª.

Loana (25) había vuelto a Melo (Cerro Largo) y esperaba para el sábado 11 de octubre a su marido, David Martins Moreira. Tenía que llegar de tarde y no lo hizo. Un día después, supo que había muerto. "Me avisaron a los dos días lo que había pasado. Incluso la familia de él de Montevideo no sabía nada", cuenta en un predio que queda a pocos metros de su casa. Ella pidió para hacer allí las declaraciones; no quiere que su hija escuche hablar sobre el tema más de lo necesario.

El juez Nelson Dos Santos procesó a cinco policías por el homicidio de Martins, entre ellos el comisario y el subcomisario de la Seccional 12ª.

Esa comisaría continúa siendo objeto de investigación y también de una profunda reformulación. Ayer el jefe de Policía, Néstor Artigas, indicó que se piensa incluir a esta unidad en el proceso de evaluación de calidad del LATU, el mismo que le permitió obtener a la comisaría de Santa Lucía, Canelones, el certificado ISO 9001.

Aunque el jerarca policial prefirió no abundar en comentarios sobre la situación de la comisaría de la avenida Millán, el ejemplo de la unidad canaria guarda varias similitudes con la montevideana. La comisaría de Santa Lucía, reconoció el jefe de Policía canario, Sergio Guarteche, era una de las peores de esa Jefatura. Su historial incluía desbordes contra personas detenidas o abuso de autoridad y también detenidos fallecidos allí. La desconfianza de la población local contra la comisaría fue en aumento. En febrero de 2006 fue renovado prácticamente todo el personal, incluyendo al comisario y sus subalternos más próximos. La gestión del nuevo mando monitoreada por técnicos del LATU mejoró sustancialmente. En base a un extenso formulario de requisitos que el organismo auditado debe cumplir, si cumple todos los pasos, finalmente obtiene la certificación ISO. Este es el camino que ahora iniciará la Comisaría 12ª.

"No hizo nada". David vino a Montevideo a hablar con su madre y según Loana no delinquía. "Estábamos viviendo juntos, viendo un alquiler. Los padres de él nos ayudaban, mis padres también y era de eso lo que vivíamos. No había de qué decir que fue a buscar droga, robar o algo de eso, no. Fue por un contrato por un alquiler. Y pasó lo que pasó", dice Loana, consternada.

Y agrega: "Todos estamos sorprendidos. No había hecho nada directamente".

Ahora Loana volvió a residir con su madre en el humilde barrio Artí, en el Norte de Melo. Viven en una pieza que les cede el dueño de una vecina radio comunitaria. Subsisten con el plan de emergencia que cobra su madre. Hasta ahora, señala, no le han ofrecido ayuda oficial. Y cree que no es suficiente con que la Justicia haya procesado a los responsables del crimen sino que tiene derecho a una reparación económica. Más que por ella, por su hija. "Tengo una hija de 5 años y ya no sé qué hacer", sostiene.

Ella, junto a los padres de David y su hermano, presentarán en la primera quincena de noviembre una demanda contra el Estado, donde reclamarán US$ 500.000, informó ayer "Últimas Noticias".

Consultado por El País, uno de los abogados de la familia, Gustavo Salle, dijo que por un lado se reclamará el "daño moral", o sea el "sufrimiento espiritual de las personas con las que David Martins tenía una relación afectiva: sus progenitores, hermano, cónyuge y su hija".

Además pedirán una indemnización por la pérdida de la posibilidad de Martins de generar ingresos para su familia. "El Instituto Nacional de Estadísticas estima que hay un mínimo de $ 8.000 mensuales para el sustento básico de un grupo familiar de tres personas. Se supone que el padre como responsable tiene el deber de procurar ese ingreso", dijo.