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El País es y ha sido siempre, desde su fundación, un diario nacionalista. En consecuencia, cuando el gobierno ha sido ejercido por partidos distintos del Nacional, el Colorado en el pasado y el Frente Amplio en el presente, ha sido y es un diario opositor. Oposición que se expresa fundamentalmente, como es lógico, en esta página editorial.
Ello no ha significado, sin embargo, que cuando el Partido Nacional estuvo en el poder diéramos aprobación invariable a todos sus actos de gobierno. Ni, tampoco, que en rol opositor censuráramos ayer -y lo hagamos hoy-, en forma sistemática, todas las decisiones comprendidas en la gestión de gobierno de los otros partidos.
El periodismo de opinión, si no se ejerce con independencia de criterio y sin supeditación mecánica al color y las orientaciones de la colectividad que ejerce el gobierno, deja de ser tal para estar al servicio de intereses partidarios. Ello no le sirve a la ciudadanía ni tampoco al órgano de prensa, que de tal suerte bastardea su más alta función.
No nos duelen prendas, por tanto, al afirmar que compartimos el veto opuesto por el gobierno de nuestro país a la candidatura del ex presidente argentino, Néstor Kirchner, para ocupar la secretaría general de la llamada Unión de Naciones del Sur (Unasur). La decisión del presidente Vázquez y de su canciller, el Dr. Gonzalo Fernández, en defensa de la dignidad nacional es comprensible.
Prueba de ello es el apoyo inmediato que dicha resolución recibió de los principales dirigentes y partidos de la oposición. El doctor Sergio Abreu ha dicho con razón que "no puede ser secretario general de una organización (supranacional) un ciudadano que no cumplió con el derecho internacional".
Pero, más allá de esa compartida reflexión más bien técnica y jurídica, se comprometía el honor nacional si refrendábamos la designación, en un alto cargo regional, de un ex gobernante que, sin razón válida alguna, perjudicó a nuestro país por varios de los medios a su alcance -excepto el uso directo de la fuerza armada-, y que lo sigue haciendo bajo el gobierno más o menos nominal de su consorte.
En tales condiciones, lo actuado por el gobierno debe ser objeto de apoyo explícito, por imperativo irrenunciable del patriotismo. Quien, con pretextos falsos, nos demandó ante la Corte de La Haya -hecho sin precedentes en la historia de nuestras relaciones bilaterales-, no puede pretender que el Uruguay le preste su aquiescencia para proyectarse en el plano internacional. Mucho menos, cuando la total falsedad de tales pretextos, referidos a la instalación y funcionamiento de la planta de Botnia, hace rato que está probada y la actitud agresiva del atrabiliario personaje y de su cónyuge, expresada en el mantenimiento del corte de la circulación en el puente Fray Bentos - Puerto Unzué, no se ha modificado.
Informaciones provenientes de la vecina orilla dan cuenta de que, en ella, "están furiosos con Vázquez". Habida cuenta de que en Argentina muchísima gente -con los productores agropecuarios al frente- está enfrentada con los Kirchner y no con Vázquez, tenemos la impresión de que tal furia no va mucho más allá del círculo de incondicionales del matrimonio que desgobierna a la Argentina. Pero, aunque así no fuera, dicho enojo no es razón para no apoyar a nuestro gobierno en su oposición al nombramiento.
Fuentes de la cancillería argentina hicieron trascender que su gobierno "consideró como un agravio al pueblo argentino, a la Unasur y a los países que apoyaron la candidatura del ex presidente, el veto uruguayo". El pueblo argentino no ha dicho nada, por ahora. La Unasur, como tal tampoco. Y en cuanto a los países que candidatearon a Kirchner -o le dieron su voto-, no pueden desconocer el derecho de otros países a negárselo.
Esto no obsta, que las relaciones bilaterales con un país fronterizo, son complejas y atañen a diversos intereses de uno y otro lado. Lo aconsejable hubiera sido actuar con una sabia mezcla de firmeza, astucia y discreción, privilegiando lo elíptico a lo frontal. La diplomacia enseña que se pueden obtener los resultados deseados eludiendo la abierta confrontación, para evitar consecuencias colaterales indeseadas o imprevisibles. Mejor hubiera sido, haber descarrilado la inaceptable postulación, antes de que ésta tomara cuerpo y estado público.
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