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Tensión. Los vecinos intentaron sin éxito detener el remate
ANDRÉS LÓPEZ REILLY
Los vecinos intentaron detener el remate hasta el último minuto, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ayer se vendieron siete de los diez terrenos originalmente loteados, por un monto cercano a los US$ 2.300.000.
Unas 300 personas se congregaron ayer desde la hora 14 en la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, de la avenida Uruguay 826, para presenciar la subasta de dos puntas de manzana en el barrio Carrasco.
La Asociación convocó a 100 rematadores, por lo que el público se dividía básicamente entre martilleros, vecinos de Carrasco (muchos de ellos molestos), oferentes y curiosos que querían presenciar el desenlace de un capítulo que enfrenta a un grupo de contribuyentes con la Intendencia Municipal de Montevideo.
Eran las 14.30 cuando se anunció el inicio de la subasta y la posibilidad de hacer preguntas o planteos a la mesa de rematadores. Inmediatamente, los abogados Ignacio Curbelo y Eduardo Albanell, vecinos de la zona, se levantaron de sus sillas e intentaron hacer uso de la palabra para informar al público sobre la existencia de un recurso con el que se intentó impugnar el remate. No les permitieron tomar el micrófono ni tampoco hacer el reclamo a viva voz. Inmediatamente, un policía se dirigió hasta sus ubicaciones para llamarlos al orden.
Fue el momento de máxima tensión. Curbelo y Albanell se retiraron al entender que ya nada podían hacer por detener lo inevitable. Desde un segundo piso, el gerente de la División Compras de la Intendencia, Juan Canessa, observaba la escena a través de un amplio ventanal. Allí se quedó durante todo el remate, observando o hablando por su celular.
Uno de los 10 terrenos presentados originalmente fue retirado del remate por estar, en parte, ocupado por el propietario del padrón lindero.
Esto hizo que la esquina delimitada por las calles Bazzurro, Andreoni y Lido perdiera valor e interés para algunos oferentes. Ya no se podía hacer allí una construcción de grandes dimensiones que ocupara los cinco padrones.
Sin embargo, la otra esquina se vendió completa: un solo oferente compró los cinco lotes a un precio de US$ 355 el metro cuadrado. Cada uno de los padrones tiene, en promedio, 1.000 metros cuadrados. Los otros dos lotes se vendieron a US$ 263 el metro cuadrado.
PREOCUPACIÓN. Los vecinos tienen la certeza de que en la esquina delimitada por Bazzurro, Andreoni y French, donde se vendieron los cinco lotes, una firma internacional construirá un complejo hotelero, lo cual se conocía de antemano y "deja en evidencia las irregularidades del procedimiento".
El comprador, un joven veinteañero, se retiró de la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios sin hacer declaraciones.
Los vecinos advierten además que en la zona no existe saneamiento y que la reglamentación vigente permite construir hasta una altura máxima de siete metros, en dos pisos y sin subsuelo. "De todos modos, en la Junta Departamental nos dijeron que pagando una multa se puede construir mucho más alto", dijo a El País la vecina Judith García.
También existe preocupación por la tala "de especies valiosas" de árboles y por la eliminación de dos "pulmones" verdes que han sido mantenidos por los vecinos durante años.
El grupo de residentes se reunirá en los próximos días con el defensor del vecino, la Comisión de Patrimonio de Carrasco, ediles y otras autoridades a los efectos de analizar la situación.
Los vecinos tienen dudas sobre la legitimación de la Intendencia para proceder a la venta de estos espacios públicos, "que fueron originalmente destinados por disposición municipal a áreas verdes y que hoy son loteados con celeridad y disimulo para ser rematados con fines recaudatorios".
Con los fondos obtenidos, la Intendencia pretende comprar el edificio de la cooperativa municipal que se encuentra en Soriano y Santiago de Chile, donde se colocará el Archivo de la Ciudad, el Instituto de Estudios Municipales, el Laboratorio de Bromatología y la Unidad de Testeo de Software.
Esto, a su vez, permitirá hacer un reordenamiento de las oficinas en el Palacio Municipal. La Administración pretende que no haya circulación de público "más allá del primer piso", con lo que se busca agilizar los trámites que deben hacer los contribuyentes.
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