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Rosendo Fraga
El proyecto de estatización de las AFJP tendría explícitamente la intención de evitar que se deterioren los ingresos de quienes aportan y se jubilan por este sistema. Ello parte de la premisa de que el Estado estará dispuesto a darles a los aportantes un ingreso mayor que el proporcionado por el sector privado, lo que por lo menos es dudoso.
El Estado, de aprobarse el proyecto, pasará a manejar una masa de fondos muy importante, ampliando así su poder discrecional. La argumentación económica que se esgrime desde el oficialismo es que con esta medida, la Argentina aleja el riesgo de default al contar el Gobierno con sobrados recursos para atender los vencimientos de la deuda. Ello implicaría que los recursos aportados por los afiliados a las AFJP irían al bolsillo de los tenedores de deuda de Argentina, lo que contradice el supuesto intento de proteger los recursos de los futuros beneficiarios del sistema de jubilación privada.
Si el objetivo de la medida es evitar que la confianza en la Argentina caiga más por un nuevo default, la medida mostró ser contraproducente.
Es claro que el razonamiento no ha sido que Argentina, al contar el gobierno con más fondos a su disposición para evitar el default, ganó en confianza, sino todo lo contrario. Con el anuncio se reiteró la costumbre de violar las reglas de juego, lo que produjo desconfianza. El oficialismo enfrenta una elección difícil en 2009 y por primera vez en dos décadas de ejercicio continuo del poder a nivel municipal, provincial y nacional, los Kirchner tendrán que gobernar en un año de restricción económica.
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