"Acuerdo tácito" de aduaneros y despachantes

La jueza Mariela Mota dijo en su fallo que no cree las versiones ni de los aduaneros ni de los despachantes, que ambos grupos actuaron de común acuerdo y con mutuo beneficio. Señaló además que la razón por la cual los despachantes pagaban "propinas" a los aduaneros era por su alta competencia empresarial y para beneficiar a sus clientes.

En el fallo en el que procesó a 26 despachantes la jueza del juzgado de Ciudad de la Costa admitió que "es probable que además de los indagados otros despachantes pagaran las sumas indebidas" pero señaló que "no se cuenta, al momento, con la prueba necesaria para tal incriminación". Por ello "extender la imputación solo por lo expresado por los declarantes parece al menos arbitrario e inconsistente".

El fallo de Mota, indica que la conducta supuestamente infractora de los demás despachantes "no los excluye a los hoy indiciados, de la imputación formulada" y agrega que "no se ofrece otra prueba que la afirmación de que la práctica era generalizada".

Para la magistrada ni las versiones de los aduaneros ni la de los despachantes individualmente consideradas "corresponde a la realidad de los hechos". "La alta competitividad a la que se encuentran sujetos los despachantes en la procura de un mejor servicio al cliente era el motivo por el cual, pago mediante, procuraban un despacho más rápido", sostuvo la magistrada. "De igual modo, el funcionario aduanero, conociendo los requerimientos del despachante, `ofrecía` un servicio ágil a cambio de una pequeña cuota, que no le pesaba en lo absoluto al despachante el que, por otra parte, derivaba ese costo al cliente y éste muy probablemente al producto final terminando en un plus del costo que asumía el consumidor, en una proporción seguramente muy menor", agregó.

La jueza concluye que se había llegado a un acuerdo, "sin que se requiriera para ello manifestarlo expresamente, sino que se fue dando en la práctica, adecuándose a las necesidades de ambas partes, la una la celeridad y la otra la ventaja económica".

En la medida que a ninguno de los partícipes en este "acuerdo tácito les resultaba perjudicial a sus intereses (sino todo lo contrario), esta situación se fue prolongando" en el tiempo y se hubiera continuado "de no ser porque la investigación judicial dejó al descubierto la operativa", dijo Mota.

Las acciones que los despachantes aducen realizaron ante las autoridades máximas de Aduanas "no surgen de la documentación que ellos mismos presentaron invocando estas denuncias", agregó.

La jueza crítica una consulta jurídica del penalista y ex presidente de la Suprema Corte, Milton Cairoli, presentada por la Asociación de Despachantes y que concluye que los acusados fueron víctimas de un delito de concusión. A su juicio, Cairoli dio como verdaderas las razones de los despachantes, "faltando un análisis crítico de dichas afirmaciones en el contexto del resto del material probatorio".

Para la jueza, el acuerdo tácito entre aduaneros y despachantes en la terminal aérea existe desde años atrás y se fue renovado según cambiaran los protagonistas. Según la magistrada, el acuerdo derivaba en ventajas mutuas, "tal vez en perjuicio de otros despachos que no pagaban suma alguna, tales como los oficiales, de organismos estatales o de embajadas, o incluso los movilizados por particulares, todos los cuales transitaban por los tiempos normales de la administración".

Mota reconoce que se pagaba "un escaso monto individual", pero señala que "no por ello resulta irrelevante para el derecho penal, en tanto denota una conducta asumida contraria a la ley".