La DGI define si denuncia a un comercio de Young

EDUARDO DELGADO

La continuidad de una investigación penal sobre la presunta defraudación tributaria de un local de cobranzas de Young depende de que la DGI envíe información y defina si denuncia ese delito. El tema comenzó con una denuncia presentada por un empresario de Young, sobre un comercio que a su entender realizaba cambio de moneda extranjera de forma ilegal, lo que configuraba el delito de defraudación tributaria.

Según la legislación vigente, una persona puede ser procesada por defraudación tributaria sólo si la DGI denuncia el hecho. Ante esa normativa, el juez de Young, Mario Suárez, inició una investigación (tras la denuncia del empresario) y entre otras medidas ordenó escuchas telefónicas al comercio en el que presuntamente existía una casa de cambio clandestina. Fuentes del caso indicaron que las escuchas revelaron que, sin estar habilitado ni pagar impuestos por ello, en el comercio se cambiaba dinero. El monto del dinero que se evitó pagar en impuestos ronda los US$ 250 mil, añadieron las fuentes.

El magistrado solicitó información a la DGI, pero aún no tuvo respuesta. Así, tras la indagatoria, depende que ese organismo presente una denuncia por defraudación para definir si decreta procesamientos. El empresario denunciante, molesto con la DGI porque le informó de la irregularidad desde abril de 2007 y sin embargo el organismo no inició ninguna acción judicial, presentó una denuncia penal contra el director Nelson Hernández y tres de sus asesores, por violación del deber del funcionario público a denunciar delitos. Los denunciados declararon con sus abogados en el juzgado de Young. Hernández hizo una cronología de lo hecho en relación con este caso y se comprometió ante el juez que, con la mayor brevedad, decidir si toma medidas con la empresa denunciada. El jerarca se quejó de la falta de personal técnico tras la reforma tributaria y dijo que la naturaleza del comercio inspeccionado hace difícil evaluar el volumen de sus operaciones. Hernández dejó ver su preocupación de que contribuyentes comiencen a presentar denuncias por defraudación, si la DGI se toma plazos extensos en los trámites para definir cuándo se comete ese delito.