Gobierno español aprueba un plan de retorno voluntario

El gobierno español aprobó hoy un plan de retorno voluntario al que los inmigrantes podrán acogerse a partir de "finales de octubre, primeros de noviembre", aunque siguen las dudas sobre la aceptación que tendrá tras las críticas de algunas asociaciones de inmigrantes.

El plan, aprobado este viernes en Consejo de Ministros, "será efectivo a finales de octubre, primeros de noviembre" después de finalizar diversos procesos de informes y consultas, añadió.

El programa de retorno planteado por el Gobierno "tiene carácter voluntario y se podrán acoger a él aquellos ciudadanas o ciudadanos que lo deseen o que crean que les puede beneficiar", afirmó Corbacho en la rueda de prensa posterior al semanal Consejo de Ministros.

El ministro precisó que los inmigrantes que pueden acogerse a este plan han de "ser extracomunitarios y pertenecer a un país de origen que a su vez tenga convenio con la Seguridad Social española".

La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que se trata de un plan y "un derecho al que se pueden acoger los trabajadores de los 19 países con los que España tiene ya suscritos convenios bilaterales en materia de Seguridad Social".

Entre estos Estados figuran países latinoamericanos como Colombia, Perú, Brasil o Ecuador, que cuenta con el mayor número de los inmigrantes latinoamericanos presentes en España, según el ministerio de Trabajo español.

Este plan que aplicará próximamente el gobierno prevé que los inmigrantes que regresen a su país puedan cobrar en dos plazos el subsidio por desempleo que les corresponda por su trabajo en España: el primero del 40% del total y el segundo del 60% un mes después de que hayan regresado a su país.

No obstante, los inmigrantes que se acojan al plan tendrán que asumir "el compromiso de no volver a España en el plazo de 3 años", aunque pasado ese tiempo podrán regresar manteniendo todos los derechos que hubieran consolidado anteriormente, afirmó Corbacho.

El ministro explicó que, de esta manera, un inmigrante al que sólo le faltara un año para nacionalizarse y se acogiera al plan podría volver a los tres años, y pasado el año podría obtener la nacionalidad.

El objetivo es que el inmigrante "no pierda ninguno de los derechos que había consolidado", según Corbacho, quien aseguró que el plan no es coyuntural sino que tiene vocación de permanencia.

"No compartimos las ideas de este plan", afirmó a AFP el portavoz de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, recordando que muchos estudios aseguran que "planes similares han sido un fracaso".

Jiménez dudó de la facilidad para volver del emigrante una vez transcurridos los tres años en su país, al tiempo que advirtió que se está "vinculando la crisis a la inmigración y eso es triste".

Jiménez recordó que el propio gobierno español había cifrado en unos 100.000 los posibles beneficiarios de este plan que ahora ha rebajado a unos 87.000.

El nuevo plan es consecuencia de la crisis económica que afecta a España tras varios años de bonanza, que había contribuido a la explosión de la inmigración desde hace unos diez años, pasando de 500.000 inmigrantes en 1996 a 5,22 millones (de ellos 2,2 millones de extracomunitarios, la mayoría latinoamericanos) para una población total de 45 millones de personas.

La crisis ha llevado a un aumento del paro, de manera que en agosto los desempleados ascendieron a 2.530.001, es decir el 10,5% de la población activa. El aumento es de bastante más de medio millón de personas sin trabajo respecto al segundo trimestre de 2007, cuando los desempleados eran 1,76 millones.

La desaceleración afecta más a los inmigrantes: en el segundo trimestre de 2008, la tasa de desempleo fue del 9,34% para los españoles frente al 16,46% de los extranjeros.

AFP