Despachantes temen que se los inhabilite

EDUARDO DELGADO

Nerviosismo y desesperación son dos palabras que repitieron allegados a los despachantes afectados por un pedido de procesamiento para definir cómo estos se sienten.

Los 25 despachantes sobre los que pesa un pedido de procesamiento por cohecho (coimas) intervienen en aproximadamente el 50% del comercio exterior uruguayo, dijeron diversas fuertes del sector consultadas. De ser procesados, será decisión del gobierno mantener sus licencias o suspenderlas hasta que haya una sentencia definitiva, lo que puede afectar el comercio exterior del país.

La Asociación de Despachantes de Aduanas le solicitó una reunión al director de Aduanas, Luis Salvo, ocasión en que le plantearán su inquietud por la situación y buscarán conocer la posición del gobierno en caso que se concreten procesamientos.

La normativa vigente habilita a Salvo a suspender antes o después de una condena a la empresa de un despachantes procesado. Si la suspensión es mayor a 30 días, el caso es elevado al Ministerio de Economía y Finanzas.

dictamen. El fiscal de Ciudad de la Costa, Gilberto Rodríguez, pidió los procesamientos sin prisión, por lo que en caso que la jueza Marina Mota coincida con su posición la medida no implicará la cárcel.

Pero una de las mayores preocupaciones de estos despachantes es que, en caso de ser procesados, se les suspenda la licencia que les permite ejercer su profesión. Algunos de estos despachantes vienen de generaciones en el mismo rubro, cuentan con una infraestructura importante y empleados, que también están preocupados por lo que pueda acontecer.

Ayer, abogados de los despachantes tomaron contacto con la solicitud de procesamiento del fiscal Rodríguez, contenida en 55 páginas que detallan las razones por las que considera que hay elementos de prueba suficientes para procesar a estos 25 despachantes por cohecho, al igual que antes fueron procesados -con prisión- 11 funcionarios aduaneros.

Para el fiscal, no corresponde que los despachantes sean procesados con prisión, lo que sí sucedió con los aduaneros por su condición de empleados públicos. Según Rodríguez, había un acuerdo entre despachantes y aduaneros de pagar "propinas" por la realización de trámites y no una presión de estos últimos.

El fiscal deja entrever que en el caso de los aduaneros, a diferencia de los despachantes, se les puede imputar en el futuro también el delito de asociación para delinquir. Rodríguez no pidió el procesamiento de ningún empleado de los despachantes, puesto que consideró que eran los patrones quienes definían el pago de las coimas y no los empleados.

Todos los despachantes con pedido de procesamiento están incluidos en listas incautadas a los aduaneros, en que anotaban los pagos y las deudas de las "propinas".

Amadeo Ottati, abogado de uno de los despachantes, dijo que una primera aproximación al dictamen fiscal le demuestra que el procesamiento de 11 aduaneros por cohecho hizo que el fiscal solo buscara la otra parte indispensable en ese delito bilateral, incriminando a los despachantes. Para Ottati, hay pruebas que los despachantes estaban obligados a pagar las "propinas" para trabajar, por lo que los aduaneros cometieron concusión y confía en demostrárselo a la jueza.