Fiscal pidió procesar a 25 despachantes por coima

EDUARDO DELGADO

El fiscal de Ciudad de la Costa, Gilberto Rodríguez, solicitó el procesamiento de 25 despachantes de aduanas por cohecho, el mismo delito por el que fueron procesados con prisión 11 aduaneros que cobraban coimas en el aeropuerto.

Además de los despachantes, el fiscal pidió el procesamiento de un asesor del director de Aduanas, Luis Salvo, por incumplir con el deber del funcionario público de denunciar irregularidades, dijeron fuentes judiciales a El País.

La jueza de Ciudad de la Costa, Mariana Mota, será quien resuelve si coincide con la posición del fiscal y procesa a los despachantes y el ex asesor de Salvo.

Antes de ello, la magistrada dará acceso del dictamen fiscal a los abogados de los acusados, para que estos hagan sus descargos y pidan nuevas pruebas si lo estiman necesario.

En el caso de los acusados, no es necesario que la jueza cumpla con una audiencia en que los notifique formalmente del pedido de procesamiento, por lo que puede resolver cuando lo entienda, puesto que ya declararon con sus abogados en carácter de indagados, indicaron fuentes del caso.

De concretarse los procesamientos, es posible que sean sin prisión, puesto que es un delito excarcelable y los despachantes no son funcionarios públicos a diferencia de los aduaneros, indicaron las fuentes. La mayoría de los abogados prevén apelar si sus clientes son procesados.

Los pedidos de procesamiento se concretaron tras una intensa instrucción de este expediente por parte de la jueza y el fiscal. En mayo fueron procesados 11 funcionarios aduaneros y posteriormente declararon decenas de despachantes de aduanas.

También dieron su testimonio el actual director de Aduanas, Luis Salvo, y ex directores de ese organismo, quienes negaron haber recibido denuncias ni pruebas concretas de pago de coimas a aduaneros.

Para el fiscal, las pruebas y declaraciones reunidas ratifican que los funcionarios aduaneros procesados cometieron cohecho (coimas), un delito bilateral que requiere otra parte coautora, que pagó las coimas, en este caso los despachantes de aduanas.

Ayer se reunieron algunos despachantes y abogados en la Asociación de Despachantes de Aduanas (ADAU) para analizar la situación y hoy prevén hacerlo nuevamente, dijeron fuentes de la gremial.

Entre despachantes no se entiende con qué criterio el fiscal eligió a los despachantes a los que pidió el procesamiento, cuando la enorme mayoría de los testigos y un comunicado de la ADAU reconocieron el pago de propinas y que era un sistema institucionalizado.

Concusión. Los abogados de los despachantes que declararon ante Mota y Rodríguez coincidieron en que sus clientes no cometieron el delito de cohecho, sino que estaban obligados a pagar esas "propinas" a los aduaneros para que los trámites se cumplieran, puesto que de lo contrario perdían clientes y trabajo.

La posición de los despachantes en su enorme mayoría es que en realidad los aduaneros incurrieron en el delito de concusión y no en el de cohecho, ya que usaban su cargo público para obligarlos a pagar esas "propinas".

Entre los despachantes que tienen pedido su procesamiento hay algunos muy reconocidos y con mucho años en el sector, y otros con menor volumen de clientes y trámites, señalaron fuentes judiciales.

omisión. En tanto, el pedido de procesamiento para un asesor del director de Aduanas es por no haber denunciado el pago de coimas, cuando diferentes testigos dijeron que se lo habían informado.

Los funcionarios públicos están obligados a denunciar presuntos ilícitos y para el fiscal es notorio que este asesor no lo hizo. Debido a ello pidió su procesamiento, sostuvieron las fuentes.

Despachantes que declararon en el Juzgado afirmaron que a este asesor del director de Aduanas le comunicaron de las "propinas" que pagaban a los funcionarios.

Interrogado por la magistrada, Salvo afirmó que ese asesor nunca le comunicó esa información de los despachantes sobre el pago de "propinas", claramente ilegales.

Hasta el momento, la jueza rechazó los pedidos de libertad provisional que presentaron seis de los aduaneros procesados con prisión en mayo.

Denuncia de ilícitos al importar motos

En el Juzgado de Aduanas con sede en Montevideo, se tramitan dos denuncias de ingreso irregular de mercadería por millones de dólares. Un régimen especial permite el ingreso de partes de motocicletas para armarlas en Uruguay y luego venderlas en plaza. Pero según estas denuncias, contenedores que entraban al país con supuestos kits de motos, en realidad traían las motos ya armadas, que eran llevadas a la planta de dos empresas de plaza y luego ingresadas al mercado. Aprovechando ese régimen especial para el armado de partes, que entre sus objetivos principales tiene generar fuentes de trabajo en el país, estos empresarios pagaban impuestos notoriamente menores a los que deberían abonar si ingresaban las motos declarando que estaban armadas, sostienen las denuncias. Según dichas denuncias, presentadas por el despachante José Cardoso, el Estado perdió millones de dólares en impuestos por estas importaciones, que califica de contrabando. El denunciante sostiene que hubo irregularidades en Aduanas y Ministerio de Industria.

Un caso con amplia repercusión

El trámite del expediente judicial sobre presuntas irregularidades en la Aduana del aeropuerto de Carrasco tuvo una amplia repercusión, y puso en el ojo de la tormenta el desempeño de los funcionarios aduaneros, del director de Aduanas Luis Salvo, y de los despachantes, fundamentalmente tras el procesamiento con prisión de 11 funcionarios aduaneros de la terminal aérea. También generó un enfrentamiento mediante comunicados entre la gremial de aduaneros y el de los despachantes. En el Juzgado de Ciudad de la Costa que tramita este expediente, el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, presentó una denuncia penal en representación del Poder Ejecutivo, con la información sobre presuntas irregularidades aportada por una persona primero al senador José Mujica, luego al presidente Tabaré Vázquez y después al propio Toma. Esos datos fueron enviados por la jueza de Ciudad de Costa, Mariana Mota, a la magistrada penal Anabella Damasco, quien tiene a cargo una investigación judicial sobre presuntos ilícitos en la Aduana de Montevideo, por lo que ya hay varios procesados.