EDUARDO DELGADO

El día del funcionario de la DGI subió la intensidad en el enfrentamiento entre ese organismo y Francisco Casal. A la denuncia de falsificación de Casal se sumó la de la impositiva por defraudación. La posibilidad de un acuerdo parece muy lejana.

El director de Rentas, Nelson Hernández, dio algunos detalles de la denuncia penal por defraudación tributaria que la Dirección General Impositiva (DGI) presentó el martes contra Francisco Casal. Dicha denuncia fue recibida por el juez penal Carlos García, quien la envió a la fiscalía.

El funcionario señaló que las denuncias por defraudación son habituales cuando los montos evadidos son importantes. "En la mayoría de los casos que se detectan actos fraudulentos existen también engaño, porque es parte de la propia maniobra. Muchos de estos casos llevan de la mano la denuncia penal cuando el perjuicio que sufre el Estado es grande. No sucede con un almacenero de barrio, por el monto del perjuicio causado, que no es este caso", sostuvo el jerarca.

La denuncia no sólo abarca a Casal, sino a todos los empresarios embargados a pedido de la DGI por US$ 25 millones, que los considera parte del mismo grupo económico. Entre ellos se encuentran Gonzalo Madrid, Daniel Delgado, José Luis Salazar, Carlos Aguilera y José Herrera. Si la fiscalía que intervenga decide dar trámite a la denuncia, tras ser notificados los denunciados, deberán designar a sus abogados.

En tanto, Leonardo Costa y Óscar Brum, abogados de Casal en la demanda que la Impositiva le inició al empresario, afirmaron que la movida de la DGI es una forma de "extorsión jurídica" y una respuesta a la decisión de la jueza civil, Loreley Opertti, que decidió tramitar la denuncia de falsificación de documento público de Casal contra la DGI.

falsificación. La jueza Opertti inició un "procedimiento de tacha de falsedad" ante la denuncia de Casal por falsificación de documento público contra la DGI.

Según los abogados del contratista, un acta de inspección con fecha de mayo de 2005, tiene en el papel un pie de imprenta de enero del 2008. También denunciaron que la contadora que figura firmando esa inspección en 2005 con un determinado cargo y una resolución de la DGI indica que fue designada en esa función en junio de 2007, por lo que no pudo haber firmado un acta con un cargo que no poseía.

Hernández dijo que conoció por lo publicado en El País ayer la decisión de la jueza Opertti de tramitar la denuncia de Casal, la que le parece "muy bien".

Subrayó que en la DGI hay certeza que se actuó correctamente y que "no hay falsificación, puesto que el documento presentado no es una orden de inspección sino una copia y por ello está emitido en un formulario impreso en el año 2008.

"Nos congratulamos de la decisión de la jueza, porque permitirá aclarar el proceder de la DGI", destacó el director nacional de Rentas.

Motivos cruzados

Para el director de Rentas, Nelson Hernández, los abogados de Casal "están tratando de distraer la atención a otros temas del central, que es el pago de tributos", que considera asciende a US$ 104 millones.

Según Óscar Brum, abogado de Casal, la denuncia penal es una clara muestra de persecución de la DGI al principal contratista del fútbol uruguayo.