Adiós al piquete malo

Antonio Mercader

Además de sentar jurisprudencia, un juez de Canelones, Walter Burella, honró al sentido común con un fallo que desbandó el piquete gremial que impedía la entrada a un frigorífico.

Que sea la primera vez que la justicia uruguaya se pronuncia así, es algo que debería llamar a reflexión tras años de ocupaciones y bloqueos sindicales a empresas en conflicto. Las imágenes de sindicalistas hostilizando la llegada de obreros no huelguistas o bloqueando el arribo de camiones con insumos, han sido tan frecuentes bajo este gobierno que nos habituamos a ellas pese a su ilegitimidad.

El histórico fallo judicial que disolvió a grupos de sindicalistas que asediaban el frigorífico Canelones, puso las cosas en su lugar. Se basó en normas de la propia OIT y en la doctrina que distingue el "piquete pacífico" con fines publicitarios de aquel piquete "malo" y lesivo para los derechos legítimos de los demás, entre ellos los de propiedad y libertad de trabajo.

Además, otro derecho violado y ahora protegido por Burella es el de la libre circulación de personas y bienes, derecho que los uruguayos -víctimas como somos de la patochada de los piqueteros argentinos en los puentes- deberíamos valorar al máximo.

Empero, hasta esta decisión judicial tolerábamos entre casa lo que repudiamos en los vecinos. La confusión nace de la vetusta concepción de la lucha gremial de los mandos del Pit-Cnt en donde el derecho de huelga se estira como un chicle hasta cobijar excesos como el asedio a empresas o su ocupación.

Se recuerda que meses atrás, durante una visita a Uruguay, el ministro de Trabajo del gobierno socialista de Chile quedó estupefacto al oír que la ocupación es una extensión natural del derecho de huelga.

Sobre esa base, cientos de empresas fueron copadas desde que el ex -ministro del Interior, José Díaz, hizo derogar el decreto que habilitaba a la policía a desalojar ocupantes.

Esa derogación prohijó un récord: que al comenzar una negociación en la industria metalúrgica todas las fábricas del ramo, más de un centenar, fueran ocupadas por un día a modo de advertencia. Hasta ese extremo llegamos, aunque importa decir que hubo una decena de fallos judiciales ordenando desalojar empresas ocupadas.

Estos y otros ejemplos de sindicalismo salvaje prueban el extravío existente sobre los límites del constitucional derecho de huelga. El más emblemático es el ocurrido hace un año, también en un frigorífico, el Colonia, en donde murió un obrero resuelto a trabajar pese a la decisión sindical de parar. Debió hacerlo a pie junto a otros compañeros pues un piquete obstruía el tránsito de vehículos.

A lo largo de casi un kilómetro, esos trabajadores soportaron insultos, amenazas y escupitajos de parte de los piqueteros. El obrero, de 45 años, víctima de la agresión, cayó muerto de un infarto al llegar a su puesto de trabajo.

Cuando Burella decretó que el ingreso al frigorífico debía ser "enteramente libre" acogiendo la acción de amparo de sus dueños, abrió una senda en esa selva jurídica que es hoy la materia laboral.

Mientras siga interdicta la acción policial y en tanto el Parlamento no vote el proyecto de ley (estancado y pendiente de revisión a instancias de Tabaré Vázquez), la justicia es el salvavidas para trabajadores no huelguistas y empresarios damnificados.

El precursor fallo de Burella no obliga a otros jueces, pero es un precedente difícil de ignorar.