"La Corte acepta críticas, pero no ocurre lo mismo con el gobierno"

1/1

Reconoce que fue un año difícil para la Suprema Corte de Justicia, en el cual la definición de los recursos de inconstitucionalidad contra el IRPF le dio una excesiva exposición pública. Ruibal dice que la Corte hizo su propia autocrítica de cómo procesó esa información, y opina que a partir de ahora debe ser más reservada. En particular fue crítico con el senador Eleuterio Fernández Huidobro, que llegó a proponer un juicio político a un ministro de la Corte. Ruibal insiste en que el Poder Ejecutivo y el Parlamento deben prestar más atención a los reclamos presupuestales del Poder Judicial, ya que no son "caprichos ni necesidades inventadas".

Pablo Melendrez

-¿Cómo vivió la SCJ un año de tanta exposición pública a partir de la polémica generada por el IRPF a los jubilados?

-Seguramente fue la primera vez este año que la Corte estuvo tan expuesta, aunque también ocurrió algo similar cuando se pronunció sobre la ley de Caducidad en 1989, porque en ese momento el tema era muy urticante, como este año lo fue el IRPF. Pero, como debe ser, las cosas volvieron a su cauce. Si bien la Corte acepta las críticas, no ocurre lo mismo cuando se hacen planteos acerca de si el gobierno resuelve algo en tal o cual sentido.

-La Corte, ¿hizo su propia autocrítica?

-Por supuesto. La prueba está que cuando cambió la mayoría también se modificó la decisión sobre el Impuesto a la Renta. Además, la Corte hizo una buena autocrítica de cómo se manejaron internamente los votos, y se determinó que para ciertos temas que son sensibles para la opinión pública los ministros debemos manejar los votos con más cuidado.

-¿Existió un enfrentamiento político con el ex ministro de Economía, Danilo Astori?

-No, porque en definitiva el impuesto se modificó en uno de los sentidos de la decisión mayoritaria del primer momento y acogió parcialmente lo que decían las primeras 13 decisiones a favor de la inconstitucionalidad y, basado en eso, el impuesto cambió su forma, su denominación y su esencia. Sí hubo quizás un enfrentamiento del lado de algún parlamentario (N. de R: Se refiere al senador del MPP Eleuterio Fernández Huidobro) que utilizó expresiones que no debió utilizar para plantear una amenaza de juicio político a algún ministro de la Corte cuando la Constitución no habilitaba esa instancia para este caso.

-¿Cree que estuvo en riesgo el principio de separación de poderes?

-Para la Corte no. Por eso se distanció del tema, porque no interviene en política, salvo en lo que tiene que ver con su materia jurisdiccional. De modo que no estuvo en juego el principio de separación de poderes, pero sí estuvo en juego la crítica acompañada de una propuesta de reacción que no está ajustada a la normativa de un país democrático.

-También hubo un cruce fuerte con la ministra del Interior, Daisy Tourné, quien llamó a los jueces a "ponerse las pilas" para no disponer tantos procesamientos con prisión cuando las cárceles están abarrotadas.

-Nosotros no generamos ese enfrentamiento, y tampoco lo vimos como tal, porque en ese momento ya había una comisión colaborando con el Ministerio del Interior para trabajar sobre los problemas carcelarios. Por eso, la crítica que la ministra pudo haberle hecho a los jueces, no fue tomada en cuenta por la Corte.

-Este año hubo diversas situaciones que involucraron a dirigentes políticos que terminaron en el ámbito judicial. Es lo que se conoce como "judicialización de la política". ¿Qué opina de este fenómeno?

-El asunto no se da sólo en Uruguay, sino en toda América -y tal vez en todo el mundo- y se puede ver desde dos puntos de vista: "la judicialización de la política" o "politización de la Justicia". En el primero, al juez le llega un caso y lo tiene que resolver para un lado o para el otro. En estos años hemos tenido una corriente muy fluida de denuncias que terminan en la nada. Lo peor que puede pasar en este tipo de prácticas es que se hagan con la intención de que, por la cantidad de trabajo que tiene la Justicia, terminen en un cajón o se investiguen mal. Eso sería una visión negativa, pero en el sentido favorable está la visión de que en Uruguay tenemos una Justicia que, a pesar de que está mal pagada y tiene pocos recursos, es independiente y por eso se hace el planteo. Esto está bien y, en ese caso, la Justicia no tiene que protestar.

-A propósito de los recursos del Poder Judicial, se termina el período de gobierno donde no hubo mayores avances en materia de autonomía presupuestal. ¿Esperaba otra respuesta? ¿Existe desilusión?

-Sí, naturalmente. Siempre el tema de las respuestas mínimas del Parlamento a los pedidos mínimos del Poder Judicial nos dejan un matiz de desilusión. Pero no sólo por eso. En la última Rendición de Cuentas varios de los planteos que hizo el Poder Judicial ya estaban definidos por el Poder Ejecutivo y la bancada parlamentaria femenina, es decir que no eran caprichos ni necesidades inventadas, pero que quedaron en el Parlamento como la creación de dos nuevos juzgados de violencia doméstica y juzgados laborales para pequeñas demandas.

-¿Esperaba una mayor respuesta de parte del gobierno?

-En relación con estos temas presupuestales no teníamos dudas que iban a salir todos, pero lamentablemente sólo se aprobó la creación de dos juzgados especializado en Crimen Organizado. También tenemos dispuesto la realización de la cumbre judicial de presidentes de Cortes Supremas en 2010 en Montevideo, que tiene un costo elevado que la Corte por sí sola no puede asumir. Debido a la importancia que tiene el evento, se dialogó con el gobierno para que financiara parte de la reunión, pero el Parlamento bajó sensiblemente el aporte.

-El poder político ¿no tiene conciencia de la importancia del Poder Judicial?

-No lo entiendo así, pero el poder político aplica el dinero a lo que considera más urgente. Y parecería que estos temas del Poder Judicial pueden esperar, pero el Poder Judicial no opina lo mismo.

-¿Qué proyectos analiza la Corte para el mediano plazo?

-Necesitamos más juzgados de Violencia Doméstica en Montevideo (tal como se había planteado en la Rendición de Cuentas) y también la posibilidad de separar en algunos departamentos las tareas de esa materia de otras, porque hay jueces que tienen tareas unificadas, y si bien este tema no es apremiante, en algún momento lo va a ser.

-¿La problemática de la violencia doméstica está desbordando al Poder Judicial?

-La violencia doméstica ha superado las expectativas más generosas de todo el país, porque en la medida que el Estado le da respuestas a los problemas de la mujer y sus hijos, se registra una mayor cantidad de denuncias.

-En los últimos meses ha estado en el tapete la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores. ¿Qué opina en relación a este tema?

-Mi opinión es totalmente contraria hasta que no dispongamos de los medios adecuados para tener medios para contener y poder resocializar a los menores infractores, dándoles atención sanitaria, educativa y laboral. En la medida que no tengamos eso no podemos pensar en bajar la imputabilidad de los menores, porque no podemos pensar en colocar a los futuros imputables junto con los mayores de 18 años.

Nombre:

Jorge Ruibal Pino

Nació:

Montevideo, el 6 de junio de 1945

Otros datos:

Abogado, ex fiscal, ex juez penal y ex ministro de Tribunal de Apelaciones.

Abogado desde octubre de 1975. Dos años más tarde fue designado como titular de la Fiscalía Letrada Departamental de Rivera. En 1978 fue trasladado a la Fiscalía Letrada de Carmelo, Colonia. Al año siguiente renunció al Ministerio Público e ingresó al Poder Judicial como juez letrado de la Ciudad de Colonia. En 1980 fue nombrado juez letrado de Maldonado, y en 1981 juez penal en Montevideo. En 1991 pasó a integrar el Tribunal de Apelaciones en lo Civil, hasta 1998 cuando se dispuso su traslado al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno. El 20 de marzo de 2007 la Asamblea General aprobó la venia para que se integre a la SCJ.