Varios detenidos por red de tráfico de personas

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La jueza penal Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero resolverán entre hoy y mañana la situación de un hacker argentino y un policía de Migraciones que se encuentran detenidos desde ayer en el marco de una causa de presunta corrupción derivada de una investigación iniciada meses atrás por el otorgamiento de visas irregulares en el consulado uruguayo de Nueva Delhi, capital de la India.

El policía enviaba al hacker visas firmadas y éste las comercializaba en el exterior, según dijeron fuentes de la investigación a El País.

A primera hora de ayer, los indagados fueron detenidos por efectivos del departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Hoy, serán conducidos ante la magistrada y la representante del Ministerio Público, quienes deberán resolver si disponen su procesamiento. La investigación se realizó en forma conjunta con la Dirección Nacional de Migraciones.

La indagatoria surgió el año pasado cuando varios ciudadanos indios fueron encontrados en una pensión del centro de Montevideo.

Luego se denunció que el consulado uruguayo en ese país les había otorgado visas de trabajo irregulares.

A raíz de esta situación, la jueza Gatti y la fiscal Ferrero procesaron con prisión en octubre a un ciudadano indio y una mujer brasileña por el delito de "falsificación ideológica por un particular".

La pareja remitida a la cárcel se dedicaba a ingresar asiáticos con visas de negocios, pero las supuestas empresas que los contratarían no operaban, o abrían y cerraban en pocos meses. En apariencia, las firmas estaban en regla ya que habían sido inscriptas por ciudadanos uruguayos ante la Dirección General Impositiva y en el Banco de Previsión Social.

Los inmigrantes, que también provenían de Bangladesh y Pakistán, eran alojados en hoteles de condiciones precarias, mientras los jefes de la operativa utilizaban las visas para hacerlos ingresar a Europa o Estados Unidos.

Se estima que a través de esa modalidad, que se habría comenzado a utilizar en 2005, unas 11 personas fueron trasladadas ilegalmente desde Uruguay, lo que implicaría la existencia de una red de tráfico de personas.

Esta situación motivó que meses atrás el canciller Gonzalo Fernández ordenara la realización de una investigación en el consulado uruguayo en Nueva Dehli, debido a la presunta responsabilidad que puedan tener funcionarios de esa misión diplomática en la maniobra ilegal de trata de personas.