"Cambiar reglas de un gran negocio a favor de los clubes"

1/1

El ministro de Turismo y Deporte siente que con el proyecto que regula las transferencias en el deporte cumple con una asignatura pendiente. Estima, y así lo hace el gobierno, que el fútbol está en crisis y que el Estado no tiene recursos para aportarle. Estos, entonces, solo pueden salir de la venta de jugadores, lo que requiere reglas y transparencia, un marco que hoy no tiene este negocio.

- Uno de los puntos principales del proyecto es que los contratistas no actúen como lo hacen hoy y se establece que las transacciones deben ser solamente entre clubes.

-El proyecto apunta a saldar una deuda pendiente de actualizar la ley vigente en esta materia que ha tenido notoriamente dificultades para su aplicación. Es un cambio de las reglas de juego y una oportunidad para reasignar atribuciones, cometidos y la naturaleza de la participación de cada uno de los actores involucrados en la compleja cadena de transferencias deportivas profesionales. Queremos recuperar desde la credibilidad a la sustentabilidad del proyecto deportivo futbolístico. No habrá salida a muchos de los problemas de la larga crisis estructural del fútbol uruguayo si no logramos su fortalecimiento institucional y la sustentabilidad de las instituciones. Si se produjese una operación verdad sobre sus posibilidades de sobrevivencia tendríamos muchas sorpresas.

La realidad marca que hay una brutal desproporción entre lo que queda en esa institución y lo que se queda en el proceso de esa cadena deportiva. Por lo tanto se trata de crear el marco jurídico para un cambio sustancial. Para nosotros son indivisibles los derechos federativos de los derechos económicos y las instituciones y el propio jugador profesional deben llevar la mayor parte del porcentaje de una transferencia.

-Esta regulación en el mercado del fútbol ¿no hace que se corra el riesgo de liquidar las tranferencias al exterior, que se desestimule la labor de los contratistas?

- Hoy el mercado del fútbol es importante y creo que continuará siendo importante más allá de los vaivenes, por lo que el contratista o el intermediario seguirán teniendo estímulos para su acción y las propias instituciones mecanismos de inversión.

Además seguimos hablando de contemplar sociedades anónimas en lo deportivo, de fondos de inversión o instrumentos como el fideicomiso que supongan una regulación básica de mecanismos que posibiliten la inversión privada en el fútbol

- ¿Por qué no se ha topeado de manera expresa la comisión de los intermediarios en un X porcentaje?

- No está en el anteproyecto, puede estarlo. Es uno de los factores a sentarse a conversar en la mesa común cuando se comience a escuchar a todas las partes como corresponde. Muy lejos de nuestra intención está el pedirle a los legisladores que aprueben esto a tapa cerrada. Es una materia compleja, donde hay un cruce de intereses muy fuertes.

- Ley 14.996 de la época de la dictadura está vigente y ya establecía muchas de estas normas. Si éstas no se cumplían, ¿por qué piensa que se cumplirán las que usted impulsa?

- El mensaje en su exposición de motivos reconoce ese antecedente. Nosotros entendimos que había que actualizarlo, que había que dar materia legal al proceso, que es complejo y que se tiene que revisar el tema de las sanciones, en el que había dificultades para avanzar en el decreto-ley vigente.

Yo diría, además, que es fundamental el marco de una decidida voluntad política porque, por cierto, la ley no resuelve todos los problemas.

Esto supone una actitud dirigente sustancialmente distinta y esa voluntad de que sean las instituciones, que representan a una determinada masa social, que puedan tomar decisiones no sólo de porcentajes en los pases, sino de la organización y gestión del fútbol profesional que lamentablemente se han ido perdiendo.

Nadie puede pensar que se salga de la crisis estructural tan larga del fútbol uruguayo sin un recurso financiero para las instituciones. Éste no viene desde entradas, escasamente viene de venta de derechos de televisión; podemos pensar en una lotería deportiva. Este gobierno ha decidido que no puede poner dinero en el fútbol profesional y yo creo que gobiernos futuros, más allá de su signo, tampoco podrán porque el país tiene prioridades de desarrollo.

La posibilidad de darle sustentabilidad a las instituciones del fútbol profesional pasa por que, efectivamente, la fuente mayor de ingresos que es la venta de jugadores, respete todos estos criterios que orientan la ley y que quede la mayor parte de lo producido en las instituciones.

- Otro cambio relevante en esta norma es la posibilidad de que existan sociedades anónimas deportivas y también otras normas típicamente comerciales. ¿Busca el gobierno abrir el camino a que el deporte sea una actividad empresarial privada?

- No puedo desconocer la realidad del mercado profesional de nuestros tiempos. En el fondo desearía la vieja estructura, con instituciones sociales de las que son dueños sus asociados. La ley mantiene esta posibilidad y establece la necesidad de convocar asambleas para decidir las transferencias de jugadores.

El estado como tal no puede concurrir al salvataje del fútbol porque tiene otras prioridades, por lo que es necesario abrir o tirar puentes hacia el negocio del fútbol, vinculado a las posibilidades de inversión, que ésta tenga garantías de transparencia, que esté regulada y que represente una forma de ingresos importantes para las instituciones.

La ley no crea sociedades anónimas, mantiene el sistema de sociedades anónimas y abre la posibilidad de estos nuevos instrumentos para contemplar precisamente que personas físicas o jurídicas puedan participar ordenadamente en espacios de inversión, pues el fútbol puede ser un espacio de alto retorno de la inversión de capital.

- ¿No es raro o contradictorio que sea justamente un gobierno de izquierda que introduce el empresismo en el deporte uruguayo?

- Francamente creo que no. En primer lugar el empresismo existe y de lo que se trata es de ordenar el juego del mercado para darle un nivel de transparencia que probablemente no haya tenido hasta ahora y darle una posibilidad de inversión para el desarrollo. Creo que es al revés, se comprenderá que un gobierno de izquierda, progresista, intente iniciar un proceso fuerte de cambio de reglas de juego y fortalecer a las instituciones en una actividad que ha sido un gran negocio para aquellos que tiene una posición dominante en el mercado.

- Esta ley parece tener nombre y apellido.

- No, para nosotros no la tiene, es una ley que trata de establecer reglas de juego claras.

- El 80% del mercado sí tiene nombre y apellido: Paco Casal.

- Por eso hablo de una posición dominante, pero en todo caso no hay nada específicamente contra alguien. El proceso fiscal que se está llevando a cabo por parte de la DGI contra Casal es algo absolutamente independiente, absolutamente ajeno a toda la materia de esta ley. Corre en forma paralela.

El Estado no puede hacerse el distraído y tiene la obligación de velar por estas normas de juego que se ajusten a cuestiones de equidad y justicia.

-Pero el proceso judicial de la DGI contra Casal y este proyecto son como una operación pinza sobre Casal.

- No, no tengo el gusto de compartir esa apreciación. Son canales que corren en forma paralela.

Es una oportunidad para todos los actores intervinientes de dar una señal fuerte a la opinión pública de que el fútbol puede seguir siendo un buen negocio, con una redistribución más equitativa, conservando las cosas más sanas de lo que siempre fue el fútbol.

- La norma establece que la dirigencia de las instituciones se regirá por la de ley de sociedades comerciales en cuanto a la responsabilidad solidaria. ¿Esto también se aplicará a una asociación civil sin fines de lucro?

- Este es un tema abierto, a conversar. El objetivo no es sustituir a la expresión dirigente que surge de una masa social por empresarios individuales. Sí pretende establecer un nivel básico de responsabilidades a la hora de tomar algunas definiciones donde están en juego cifras muy importantes que pueden significar el destino no solamente de una persona y de su familia, sino de una institución.